Columna María Jaraquemada: el desastre de Rancagua

La Hora

Miércoles 24 de abril de 2019

l escándalo de supuesta corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, se sumó el fin de semana otro caso, ahora en el Ministerio Público, digno de serie de Netflix, con las acusaciones del fiscal Moya de que su superior, el fiscal regional Arias, habría también incurrido en ilegalidades en la investigación de varias causas de corrupción, entre ellas el caso Caval y la investigación contra los jueces antes mencionados.

Es muy pronto aún para saber quién tiene la razón, si el denunciante o el denunciado, y es de esperar que se lleve a cabo una investigación rigurosa y se sancione a quien corresponda por las infracciones que se constaten. Sin embargo, este hecho vuelve a poner en el tapete ciertas deficiencias en el actuar del Ministerio Público y su necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas.

Ya la OCDE a fines del 2018 le hizo un reproche por la falta de criterios objetivos y transparentes para aplicar salidas alternativas en casos de corrupción, lo que por cierto puede contribuir a que los fiscales no necesariamente tengan el interés público como prioridad en estos acuerdos. A lo anterior cabe sumar que varias decisiones del propio Fiscal Nacional -como reuniones con parlamentarios respecto de investigaciones que están en curso- hayan sido ampliamente criticadas y hasta el momento esté ausente ante la opinión pública por los graves casos que se denuncian en la Fiscalía Regional de Rancagua.

Por eso, además de una investigación seria y transparente, se hace necesario que se adopte un liderazgo en el Ministerio Público que contribuya a reforzar la confianza ciudadana en una entidad pública tan relevante para la seguridad pública y la lucha contra la corrupción. Como ha ocurrido en países vecinos, si la corrupción campea dentro de la fiscalía es difícil confiar en que este tipo de hechos serán realmente investigados y sancionados, y se pone en riesgo uno de los pilares de nuestra democracia, el Estado de Derecho.

El gobierno ha anunciado una posible reforma al sistema de nombramientos de fiscales y su control externo, lo que sin duda puede ser una discusión necesaria. No obstante, se puede avanzar sin necesidad de cambios legales en tener una gestión pública más transparente y rendir realmente cuenta a la ciudadanía de ésta.