Chilenos al diván: ¿Por qué justificamos el “ojo por ojo”?

La Hora

Viernes 22 de junio de 2018

Imputados por asesinato de mujer fueron torturados en prisión. Expertos analizan la reactivación de una práctica del “tiempo de las cavernas”, como la calificó Hernán Larraín.

Por José Amigo Arias

“Bien merecidos se tienen los cachuchazos”. Con estas palabras, Tonka Tomicic justificó en el Matinal Bienvenidos de Canal 13 la tortura sufrida por los ciudadanos ecuatorianos procesados por asesinato de Margarita Anacoy Huircan.

La animadora hacía eco del tweet del portero de la selección chilena, Claudio Bravo, quien llamó a no victimizar a los delincuentes, luego de la aparición de un video en YouTube de más de cuarenta minutos de duración, en el que los autores del delito eran apremiados por otros reos.

Lejos de abrumar al común de la gente, estas palabras fueron reforzadas por varios usuarios de redes sociales, quienes vieron estos hechos de violencia (que llegaron hasta la aplicación de electricidad) como una forma de justicia popular ante un crimen que conmovió a la ciudadanía.

Como firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado chileno está obligado a que “toda persona privada de libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”, frase que se contrapone claramente con lo acontecido en la ex Penitenciaría.

Acorde con esto, la institucionalidad correspondiente a este caso, sancionó lo ocurrido y se inició una investigación para saber, por ejemplo, por qué los procesados compartían con reos comunes. “Se entregaron los antecedentes al Ministerio Público y se inició un sumario administrativo para establecer por qué no se cumplieron los protocolos”, afirmaron desde Gendarmería, desde donde además se asignó una dupla psicosocial para el acompañamiento de ambos imputados, además de trasladarlos hasta la Unidad Especial de Alta Seguridad.

Asimismo, cuatro de los reos que cometieron las torturas (dos chilenos y dos extranjeros) fueron procesados ayer y se ordenó la captura de un gendarme.

En tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, fue la voz del Gobierno en la condena oficial de los hechos. “La justicia la aplican los jueces y la tortura es una práctica atroz. Todo el rigor de la ley para los asesinos, pero no volvamos a la época de las cavernas”, escribió también en redes sociales.

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Crisis de credibilidad

Pero teniendo todo esto a la vista ¿por qué parte de la población siguió justificando estos hechos?

Según la académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás, Bárbara Olivares, hay un hecho clave para hacer este análisis. “El ojo por ojo se sustenta en que no hay instituciones que sostengan un cierto orden o una justicia posible. Me parece que la credibilidad institucional está en crisis y ese es el comienzo de este tipo de justificaciones, que me parecen una involución y que se parecen a formas más bien arcaicas”, señala la profesional, quien advierte sobre el rol que juega también el mundo mediático.

“Uno esperaría que los medios de comunicación y los líderes de opinión cumpliesen un rol formativo y que ciertas instituciones públicas tuvieran una voz más potente”, resaltó.

En esa línea, justamente, Diario La Hora intentó comunicarse con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, institución que declinó hacer comentarios, pues, según sus encargados de prensa, ya habían hablado sobre el asunto con otros dos medios.

Quien sí se refirió al tema fue el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta. “Nadie puede avalar el ojo por ojo. En la doctrina de los DDHH, el respeto a la integridad de la persona es un mínimo común civilizatorio, por lo cual condenamos completamente el hecho. En Chile no hubo justicia con violadores de Derechos Humanos y en un país donde no hay condenas, este tipo de temas tienden a repetirse”, enfatizó.

Misma lógica aplica el sociólogo y doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Freddy Urbano, para quien “hay dos componentes en este hecho. Uno es el étnico y tiene que ver, más que con que sean ecuatorianos, con que sean indígenas. Es un acto que parte de una falsa lógica de supremacía civilizadora”.

“El segundo, es el componente autoritario de quienes avalan el hecho y tiene que ver con nuestra memoria colectiva, pues no puede dejar de ser relevante que se haya realizado la tortura con corriente, que es una práctica mucho más elaborada, y que tiene correlación con lo ocurrido en dictadura y que no está resuelto”, cerró Urbano.