A través de la promulgación de la Ley Chile Cuida, el Estado reconoce por primera vez que el acto de cuidar es un derecho que genera responsabilidades públicas y colectivas. Esta normativa busca organizar y fortalecer la entrega de apoyos, sacando del anonimato a quienes trabajan dedicando su vida a asistir a otros sin recibir una remuneración a cambio.
El sistema se fundamenta en la corresponsabilidad, entendiendo que el bienestar de las personas en situación de dependencia es una tarea compartida entre la familia y el gobierno.
Con este cambio, se pretende terminar con el aislamiento y el desgaste que históricamente han marcado la vida de quienes sostienen el cuidado cotidiano en el país. La transformación institucional promete redistribuir las cargas de trabajo, permitiendo que el afecto no se traduzca necesariamente en empobrecimiento o exclusión laboral.
El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y su gestión local
El funcionamiento del sistema se articula como una red intersectorial que integra a ministerios, gobiernos regionales y municipios bajo un modelo de gestión unificado. El propósito central es promover la autonomía de las personas con discapacidad y adultos mayores, ofreciendo servicios que van desde la asistencia en el hogar hasta ayudas técnicas.
Las municipalidades juegan un rol clave en este despliegue, siendo la puerta de entrada para que las familias se vinculen con los programas de formación y certificación.
[Te puede interesar] Ley es aprobada en Chile y la pensión alimenticia ahora puede llegar al 50% del salario
Se ha creado un Registro Nacional de Personas Cuidadoras No Remuneradas, herramienta esencial para identificar a los beneficiarios y canalizar los recursos de manera efectiva. Este registro permitirá que quienes cuidan accedan prioritariamente a prestaciones de salud mental, periodos de descanso y oportunidades de empleo decente y formal.
La ley garantiza que la información sea clara y que las personas tengan derecho a participar activamente en las decisiones que afecten su propio proceso de cuidado.
Justicia social y el fin de la feminización del cuidado
Uno de los avances más significativos de esta legislación es su profundo enfoque de género, que cuestiona por qué la mayoría de estas tareas recaen en las mujeres. La normativa busca desnaturalizar la idea de que el cuidado es una obligación femenina, redefiniendo el problema como una cuestión de justicia y equidad social.
Al ofrecer servicios de cuidado infantil y comunitario, el sistema abre nuevas puertas para que las cuidadoras recuperen sus proyectos de vida y desarrollo profesional.
[Lee también] Alerta en Chile para todos los que pagan o reciben pensión alimenticia en el país
El autocuidado también se reconoce como un derecho, estableciendo que las personas cuidadoras deben ser consideradas grupo prioritario ante situaciones de emergencia. La implementación será gradual, comenzando por los sectores más vulnerables para extenderse progresivamente a todos los titulares que el sistema define por ley.
Chile avanza así hacia un nuevo contrato social donde el bienestar no descanse solo en el sacrificio personal, sino en una estructura pública sólida y solidaria.
