El sistema de justicia familiar opera bajo una lógica matemática que, con frecuencia, olvida que los niños no viven dentro de una planilla de Excel. Mientras la ley establece techos claros para quien paga, deja un abismo de gastos y responsabilidades sin fondo para quien cría.
La normativa actual resguarda al progenitor no custodio fijando un límite máximo de aporte cercano al 50% de sus ingresos. Sin embargo, para la madre o el padre que ejerce el cuidado personal, el gasto no conoce de porcentajes ni de límites legales.
El techo de cristal de las transferencias bancarias
En el proceso de mediación, el sistema suele buscar la salida más rápida y estandarizada para descomprimir la carga judicial. Se calculan alimentos, vestuario y educación, pero se ignora sistemáticamente el valor del tiempo y la disponibilidad absoluta.
Para miles de mujeres, que representan el 84% de quienes demandan pensión, la crianza se convierte en una carrera de obstáculos financieros.
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Cualquier imprevisto, desde una fiebre nocturna hasta un par de zapatos rotos, termina siendo una cuenta que solo paga una de las partes. El argumento de “ya pagué mi cuota” se convierte en un muro legal que deja al cuidador solo frente a la inflación de la vida diaria.
Esta asimetría perpetúa una brecha de género donde el tiempo se transforma en la moneda de cambio más devaluada del mercado. La llamada “pobreza de tiempo” afecta mayoritariamente a las madres, quienes sacrifican su desarrollo laboral para sostener la logística del hogar.
El valor invisible de la carga mental y el cuidado
Estudios recientes sugieren que el trabajo de cuidados no remunerado equivale a casi el 20% del Producto Interno Bruto nacional. Es la actividad económica más grande del país, pero es la única que los tribunales de familia no logran tasar con precisión.
La corresponsabilidad no termina con una transferencia bancaria o con una visita programada cada quince días.
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La carga mental de recordar vacunas, asistir a reuniones escolares y gestionar las emociones del menor no aparece en las liquidaciones. Cuando el sistema solo mide lo que se puede comprar con dinero, invisibiliza el esfuerzo humano que mantiene viva a la sociedad.
Aceptar acuerdos mediocres por cansancio o falta de asesoría es una trampa recurrente que termina en deudas de por vida. El cuidado compartido se usa a veces como moneda de cambio para reducir la pensión, sin que el compromiso real se materialice en el día a día.
La justicia familiar tiene la deuda pendiente de reconocer que criar a un ser humano requiere mucho más que la mitad de un sueldo mínimo.
