El sostenimiento de un hijo en el sistema legal actual parece reducirse a una transacción matemática que, con frecuencia, ignora las dimensiones más profundas y desgastantes de la crianza. Mientras la normativa impone topes financieros para quien aporta dinero, la persona que ejerce el cuidado diario sufre una demanda de recursos y energía que no conoce pausas ni límites.
La pensión alimenticia “sin límites” que pagan quienes tienen el cuidado personal de sus hijos revela una asimetría estructural donde el tiempo y la carga mental carecen de valor monetario en los tribunales.
Esta realidad afecta mayoritariamente a las mujeres, quienes asumen la planificación cotidiana, las emergencias de salud y el costo de oportunidad laboral que implica criar. El sistema de mediación, diseñado para descomprimir los juzgados, suele empujar acuerdos estandarizados que no capturan la complejidad de mantener a un menor en la vida real.
Quien no vive con el hijo cumple con una parte de su sueldo, pero quien se queda a cargo debe estirar sus ingresos y su salud para cubrir lo que la ley no alcanza a tasar.
La brecha entre la pensión alimenticia y la carga mental
La legislación establece que el progenitor que no convive con sus hijos tiene un resguardo: su aporte no debe superar, por regla general, el 50% de sus ingresos mensuales. Sin embargo, no existe un límite equivalente para el cuidador principal, quien debe absorber cualquier gasto extra, desde vestuario no contemplado hasta el aumento en el costo de los alimentos.
Esta estructura perpetúa una desigualdad de género de base, ya que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa una parte del bienestar que el dinero no compra.
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Especialistas en derecho de familia advierten que la mediación falla al no considerar factores intangibles como la disponibilidad 24/7 y la gestión de la vida académica y social del niño. La carga mental, que incluye recordar fechas de vacunas, reuniones escolares o la compra de útiles, sigue recayendo en una sola parte sin que esto se traduzca en una compensación económica.
El resultado es un modelo donde la corresponsabilidad se reduce a visitas de fin de semana, dejando la estructura vital del menor bajo el esfuerzo exclusivo de un solo progenitor.
Hacia una valorización real del trabajo de cuidados
Estudios recientes indican que el trabajo doméstico no remunerado equivale a casi una quinta parte del Producto Interno Bruto del país, siendo la actividad económica más relevante.
A pesar de estas cifras, los acuerdos judiciales siguen operando sobre lo medible, dejando fuera el sacrificio en la trayectoria profesional y la autonomía de quienes cuidan. La pobreza de tiempo es una realidad palpable para las madres chilenas, quienes destinan varias horas diarias más que los hombres a las labores del hogar.
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Para lograr una justicia efectiva, los instrumentos técnicos deberían incorporar el valor del mercado de esas horas de cuidado al momento de dictar una sentencia o un acuerdo. Mientras el sistema solo ordene el dinero y las visitas, la experiencia cotidiana de la crianza seguirá siendo una carga invisible y desproporcionada.
La transformación hacia una verdadera corresponsabilidad requiere que el Estado y los tribunales reconozcan que criar a un hijo es mucho más que depositar una cuota mensual.
