El Ejecutivo adopta medida para dinamizar la construcción mediante una desregulación estratégica del uso de suelo, proyectando una caída de hasta el 15% en los precios finales. A partir de junio, las nuevas reglas permitirán optimizar el aprovechamiento de los terrenos urbanos, adaptando la normativa a la realidad demográfica y de movilidad del siglo XXI.
Esta modernización de la ordenanza general busca no solo reactivar una industria en crisis, sino también acortar los plazos en procesos críticos como la reconstrucción tras desastres naturales.
La industria ha recibido los anuncios con optimismo, aunque advierte que el periodo de transición podría generar una pausa temporal en el inicio de nuevas obras. Ajustar los proyectos actuales a los nuevos estándares de densidad y equipamiento será el primer paso para ofrecer viviendas más económicas y acordes al bolsillo de las familias.
Densidad residencial y el fin de los estacionamientos obligatorios
Uno de los cambios más disruptivos se refiere al cálculo de habitantes por hectárea, reduciendo el factor de conversión de cuatro a solo dos personas por vivienda. Esta modificación reconoce que los hogares actuales son más pequeños y permite construir un mayor número de unidades en el mismo espacio de terreno disponible.
Para las viviendas de interés público o económicas, el factor se reduce incluso a un habitante, facilitando edificios más densos en zonas estratégicas de la ciudad.
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Asimismo, el Gobierno ha decidido flexibilizar la exigencia de estacionamientos mínimos para proyectos ubicados cerca de ejes estructurantes de transporte público. La nueva norma incluye la cercanía a estaciones de Metro, trenes, teleféricos y paraderos de buses de alto flujo como justificación para reducir estas plazas de aparcamiento.
Esta medida elimina costos de excavación y construcción subterránea que suelen traspasarse íntegramente al valor de venta que pagan los compradores finales.
Conjuntos armónicos y agilización de permisos estatales
La propuesta también introduce mejoras en la figura de los “conjuntos armónicos”, disminuyendo el requisito de superficie mínima para acceder a beneficios de constructibilidad. Ahora, terrenos desde los 2.500 metros cuadrados podrán optar a incrementos de edificación, especialmente si se encuentran vinculados a infraestructura de movilidad urbana.
En cuanto a la gestión administrativa, los permisos de edificación verán extendida su vigencia de tres a seis años, otorgando mayor holgura a los desarrolladores.
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Se incorpora además la suspensión del plazo de caducidad mientras los proyectos estén a la espera de autorizaciones obligatorias por parte de otros organismos del Estado. Este cambio ataca directamente la burocracia que suele paralizar obras por retrasos ajenos a la gestión de las empresas constructoras y los municipios.
Para las zonas afectadas por catástrofes, se establecen mecanismos simplificados que permiten acreditar condiciones de mitigación vial mediante informes técnicos rápidos. La meta final es cerrar la brecha entre el costo de edificación y el poder adquisitivo de los ciudadanos, permitiendo que la oferta habitacional vuelva a ser una realidad alcanzable.
