La crisis habitacional en el país se enfrenta a un cambio de paradigma normativo. El Ejecutivo ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de liberalización del suelo que pretende corregir una reducción de precios a largo plazo.
Gobierno activa plan para desregular el suelo a partir de junio: baja densidad residencial y flexibiliza exigencia de estacionamientos para impulsar la oferta.
Esta propuesta de modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones busca reducir restricciones regulatorias que actualmente asfixian al sector construcción. El Ministerio de Vivienda proyecta que estas medidas generarán una caída progresiva en los precios de las viviendas nuevas de hasta un 15%.
La industria ha recibido con optimismo estos anuncios, aunque advierte una pausa momentánea en nuevas obras mientras se adaptan los proyectos a la futura legalidad.
Ajustes demográficos y mayor eficiencia en el suelo
Uno de los pilares de la reforma es el cambio en el factor de conversión de densidad residencial, que pasará de cuatro a dos habitantes por vivienda. Este ajuste reconoce la realidad demográfica actual revelada por el Censo, donde el tamaño promedio de los hogares ha disminuido significativamente.
Para el caso de las denominadas viviendas económicas, el coeficiente se reducirá incluso a un habitante por unidad, permitiendo una mayor cantidad de casas por terreno.
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Otro punto clave es la flexibilización en la dotación de estacionamientos, eliminando exigencias mínimas en proyectos cercanos a la red de transporte público. La normativa incorporará ahora la proximidad a estaciones de Metro, trenes, teleféricos y paraderos de buses estratégicos para reducir costos de construcción innecesarios.
Estas medidas permitirán rediseñar edificios bajo criterios de movilidad moderna, eliminando infraestructuras costosas que el usuario actual ya no demanda con prioridad.
Certeza administrativa y reactivación del sector
El plan también contempla extender la vigencia de los permisos de edificación de tres a seis años, otorgando un respiro necesario a los desarrolladores inmobiliarios. Se incorporará además la suspensión de plazos mientras los proyectos dependan de autorizaciones externas de otros órganos del Estado.
En materia de reconstrucción ante desastres naturales, se agilizarán los trámites para que las soluciones habitacionales lleguen con mayor rapidez a los afectados.
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Los gremios de la construcción enfatizan que estas definiciones deben concretarse con celeridad para evitar una ralentización prolongada de la actividad económica. Se espera que la publicación definitiva de este decreto ocurra el próximo 26 de junio, marcando el inicio de una nueva etapa para el urbanismo nacional.
La desregulación del suelo se posiciona así como la herramienta principal del Gobierno para combatir el déficit de viviendas que afecta a miles de familias. El éxito de esta política dependerá de la capacidad del mercado para traspasar estos ahorros regulatorios al precio final que pagan los compradores chilenos.
