Una pesquera de origen chino enfrenta hoy una denuncia judicial que podría cambiar las reglas de fiscalización en el vasto océano Pacífico Sudoriental. El caso marca un hito al ser la primera vez que se utiliza evidencia obtenida desde satélites de Chile para sustentar una acusación por pesca ilegal.
La acción legal apunta al buque Lu Rong Yuan Yu 667 por presuntas faenas de extracción de calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva en Tarapacá.
A través de herramientas de monitoreo orbital, se logró captar lo que hasta hace poco era invisible para las patrullas costeras tradicionales. Este proceso judicial pone a prueba la capacidad del Estado para sancionar infracciones deliberadas en los límites más remotos de su territorio marítimo.
Evidencia orbital y patrones de pesca nocturna
La denuncia se fundamenta en tres fuentes técnicas independientes que confirman la presencia del buque en una zona prohibida para naves sin permiso. Imágenes del sistema VIIRS de la NASA detectaron potentes focos de iluminación encendidos durante la madrugada del 1 de octubre de 2025.
Esta señal lumínica es una técnica característica utilizada por las flotas poteras para atraer cardúmenes de calamar hacia la superficie durante la noche.
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Además, los datos de posicionamiento satelital registraron que la nave redujo su velocidad a menos de un nudo mientras se encontraba dentro del área chilena. Este parámetro de navegación es considerado por las autoridades como un indicador técnico inequívoco de que se están realizando maniobras de pesca activa.
La precisión de los mapas muestra que la embarcación se internó casi 600 metros en territorio jurisdiccional, rompiendo la burbuja de exclusión económica.
Sanciones económicas y el impacto de la vigilancia global
La legislación vigente contempla multas millonarias para este tipo de infracciones, las cuales se calculan según el tonelaje de registro bruto de la nave. Dado el gran tamaño del buque denunciado, la sanción económica podría escalar a niveles históricos, sumándose al posible comiso de la carga capturada.
Este caso es el primer resultado del proyecto Legal Ocean Watch, que busca unir a varios países de la región bajo un mismo estándar de vigilancia satelital.
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La pesca ilegal no solo depreda los recursos naturales, sino que genera pérdidas anuales estimadas en cientos de millones de dólares para la economía nacional. El uso de tecnología satelital elimina la sensación de impunidad que las flotas extranjeras suelen tener al operar en los bordes de las fronteras marítimas.
Sentar este precedente judicial permitirá fortalecer la protección de la biodiversidad marina y asegurar la sostenibilidad de la industria pesquera local
