La integridad del aparato estatal chileno enfrenta una nueva sacudida tras revelarse una red de apuestas prohibidas que involucra a cientos de servidores. Este lunes 23 de marzo de 2026, la Contraloría General de la República expuso un esquema de transacciones millonarias en casinos de juego.
Un total de 910 funcionarios públicos y municipales realizaron operaciones por un monto exacto de $11.490.456.871 entre 2024 y 2025.
Lo alarmante del hallazgo radica en que estos trabajadores tienen prohibición legal de apostar debido a que administran o custodian fondos del Estado. La investigación surge de un cruce masivo de datos entre la Superintendencia de Casinos de Juego y los registros de personal que debe rendir caución.
La élite de los funcionarios apostadores en el ojo de la Contraloría
El informe de la entidad fiscalizadora revela una brecha incomprensible entre las remuneraciones percibidas y el volumen de las apuestas realizadas. Apenas 181 funcionarios concentran el 96,8% del total transaccionado, moviendo más de $11.118 millones en salas de juego a lo largo del país.
En los casos más críticos, las sumas apostadas por individuos superan los mil millones de pesos, cifras que no condicen con sus ingresos declarados.
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Los 20 mayores montos corresponden a personas que desempeñaban cargos de alta responsabilidad, incluyendo directivos y fiscalizadores de 371 entidades. Esta situación levanta sospechas inmediatas sobre el origen de los fondos, activando las alarmas del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.
La falta de control en los operadores de casinos también es cuestionada, pues permitieron el ingreso y la apuesta de sujetos con prohibición vigente.
De las fuerzas de orden a las tesorerías municipales
El listado de los involucrados permea instituciones fundamentales para la seguridad y la administración financiera de la nación. Entre los organismos con mayores montos registrados figuran Carabineros de Chile, la Fuerza Aérea, la PDI y la Tesorería General de la República.
Las municipalidades también aparecen con fuerza en el reporte, evidenciando una vulnerabilidad sistémica en el control de los funcionarios locales.
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La Contraloría ha derivado los antecedentes a cada servicio público para que se inicien los sumarios administrativos y las destituciones correspondientes. Además, se busca determinar si hubo malversación de caudales públicos o lavado de activos en las operaciones detectadas por la Superintendencia.
Este escándalo pone a prueba la capacidad de fiscalización del Estado sobre quienes tienen la llave de la billetera de todos los chilenos.
