El nuevo rumbo económico de Chile ha comenzado con reajuste del 3%, una maniobra de alta precisión sobre las finanzas del Estado. En el debate sobre el cinturón apretado en el sector público ha sumado una voz técnica para calmar las aguas.
El exministro de Hacienda, Felipe Larraín, salió al paso de las críticas para aclarar el alcance real del recorte anunciado por el actual titular de la cartera, Jorge Quiroz.
La meta es ambiciosa: reducir el gasto público en un 3%, equivalente a unos US$6.000 millones, para corregir un déficit estructural heredado del 3,6% del PIB. Sin embargo, la duda que recorre los pasillos de las reparticiones estatales es si este ahorro se traducirá en despidos o bajas de sueldos.
Este ajuste se define como “quirúrgico” y tendrá partidas específicas que quedarán bajo la lupa de Hacienda.
El reajuste del 3% ataca los insumos
Larraín fue enfático al señalar que el ajuste del 3% se enfocará exclusivamente en los gastos operativos del Estado, protegiendo la integridad de las remuneraciones. Esto significa que el recorte recae sobre el Subtítulo 22, correspondiente a Bienes y Servicios de Consumo, y no sobre el ítem de salarios.
El plan contempla optimizar la compra de materiales de oficina, contratos de mantenimiento, servicios subcontratados y cuentas de electricidad en los edificios públicos.
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Para el exministro, esta estrategia permite que el valor nominal que reciben los empleados públicos se mantenga intacto a pesar del complejo escenario fiscal. El objetivo es que el Estado aprenda a funcionar con mayor eficiencia operativa antes de considerar medidas que afecten directamente el capital humano.
La protección salarial se convierte así en la piedra angular de un gobierno que busca sanear la economía sin generar un conflicto social inmediato.
El reto de los US$6.000 millones
La herencia económica de 2025 dejó un déficit estructural del 3,6% del PIB, una cifra que obliga a la administración de Jorge Quiroz a actuar con celeridad. Este recorte total busca estabilizar la deuda pública y enviar una señal de responsabilidad fiscal a los mercados internacionales y agencias clasificadoras.
No obstante, el anuncio ha generado divisiones, con sectores que temen que la menor compra de servicios afecte colateralmente a las pymes proveedoras del Estado.
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Otros expertos cuestionan si es posible alcanzar una cifra tan alta de ahorro sin que, eventualmente, la operatividad de los servicios públicos se vea mermada. Larraín defiende la medida como una necesidad imperiosa para evitar una crisis de deuda mayor que obligue a ajustes mucho más dolorosos en el futuro.
La ejecución de este presupuesto será la prueba de fuego para la credibilidad del Plan de Reconstrucción Nacional.
