Una propuesta busca corregir lo que se considera un desfase administrativo entre la edad de jubilación y el acceso a los beneficios tributarios del Estado. La iniciativa legislativa pretende que miles de mujeres mayores no deban esperar 5 años adicionales tras retirarse de la vida laboral para recibir este apoyo económico.
Para muchos hogares, el pago de impuestos territoriales representa una carga insostenible que pone en riesgo la permanencia en la vivienda de toda una vida.
La discusión se da en el marco de una ambiciosa reforma de reactivación que busca inyectar recursos directamente en el presupuesto de los ciudadanos. Esta demanda pone a prueba la capacidad del Ejecutivo para ajustar sus planes técnicos a la realidad social y previsional que enfrentan las mujeres chilenas.
El llamado a la coherencia con la edad de jubilación
Parlamentarios de la bancada UDI han solicitado formalmente que la eliminación de contribuciones para adultos mayores comience a los 60 años en el caso femenino. Los diputados argumentan que es una medida de sentido común sincronizar este beneficio con la edad legal en que las mujeres pasan a ser jubiladas.
Actualmente, el proyecto del Gobierno contempla eximir del cobro a los mayores de 65 años, dejando un vacío de protección para quienes se retiran antes.
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Esta diferencia de un lustro obliga a muchas mujeres con pensiones bajas a seguir asumiendo compromisos financieros de alta complejidad técnica. Los legisladores advierten que mantener el límite en los 65 años constituye una forma de discriminación que ignora la merma inmediata en los ingresos tras el retiro.
El objetivo es evitar que el pago de este impuesto territorial obligue a las personas mayores a vender sus hogares para evitar remates por deudas.
La brecha previsional y la urgencia de alivio económico
La propuesta resalta una problemática similar a la que ocurre con la Pensión Garantizada Universal, que también se activa a partir de los 65 años de edad. Esta desconexión entre el fin de la etapa productiva y la llegada de los subsidios estatales genera una zona de vulnerabilidad financiera para las nuevas jubiladas.
Al recibir pensiones considerablemente menores a sus sueldos previos, las obligaciones como el pago de contribuciones se vuelven un obstáculo para una vejez digna.
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El Ministerio de Hacienda ha sido instado a evaluar el impacto de esta ampliación para incorporarla en el proyecto de ley misceláneo de reactivación. Para los defensores de la medida, el Estado no puede permitir que la carga tributaria sobre la vivienda principal sea el motor de la pobreza en la vejez.
La protección del arraigo habitacional es vista como un pilar fundamental para asegurar la integridad psíquica de la población mayor del país. Se espera que la inclusión de esta diferenciación por edad sea uno de los puntos clave a negociar durante la tramitación legislativa de la reforma.
