El tablero político nacional ha dado un vuelco inesperado que promete cambiar el panorama laboral para miles de chilenos. El Gobierno de José Antonio Kast anunció el retiro del veto sustitutivo a la Ley Integral de Personas Mayores.
La decisión administrativa deshace el nudo que mantenía paralizada una iniciativa impulsada originalmente por la administración anterior.
Con este movimiento, el proyecto de “Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable” queda listo para su despacho final en el Senado. La medida ha sido recibida con sorpresa y optimismo por las agrupaciones de la tercera edad que exigían celeridad en su tramitación.
Decisión legal para dar opciones de trabajo de adultos mayores
La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, explicó que el retiro del veto busca reconocer a los adultos mayores como sujetos activos. Uno de los pilares de la norma es la creación de modalidades de trabajo flexible adaptadas a las necesidades físicas y sociales de este grupo.
El Gobierno apuesta a que el empleo voluntario sea una fuente real de autonomía financiera y participación para quienes deseen seguir activos.
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La ley también establece herramientas legales estrictas para combatir la discriminación arbitraria por razones de edad en los procesos de selección. Se busca valorar la experiencia acumulada y el aporte productivo, eliminando los prejuicios que hoy marginan a miles de talentos con décadas de oficio.
Bajo la supervisión de Desarrollo Social, estas disposiciones pretenden entrar en vigencia lo antes posible para impactar en la economía familiar.
El compromiso del Estado con la igualdad y la participación ciudadana
Más allá de lo económico, la nueva normativa contempla un catálogo de 15 derechos específicos que blindan la vejez en el país. Entre ellos destaca el derecho a la igualdad ante la ley, prohibiendo cualquier trato denigrante basado únicamente en la fecha de nacimiento.
La ministra Wulf enfatizó que la administración Kast priorizará que las personas mayores mantengan su capacidad de decisión y aporte social.
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Este consenso político transversal permite que Chile se acerque a estándares internacionales en materia de protección a la población longeva. La tramitación acelerada en el Congreso asegura que la promulgación sea inminente, marcando un hito en la agenda de previsión y bienestar.
El Estado chileno reafirma así que cumplir años no debe ser sinónimo de retiro forzoso ni de pérdida de protagonismo en el desarrollo nacional.




