El cumplimiento de las responsabilidades parentales ha dejado de ser una opción en el sistema financiero chileno para transformarse en un mandato ineludible. La Tesorería General de la República ha ejecutado una operación masiva que resultó en la retención de más de 1.451 millones de pesos durante la devolución de impuestos.
Esta medida ha impactado directamente a más de 10 mil deudores morosos, cuyos fondos serán destinados como beneficio directo a miles de menores en todo el territorio.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ha respaldado con firmeza este procedimiento que busca erradicar la cultura del incumplimiento. Bajo la premisa de que las obligaciones se cumplen, el Estado ha desplegado una estrategia técnica para interceptar recursos antes de que lleguen a manos de los infractores.
La medida representa un alivio significativo para miles de hogares donde la crianza y el sustento económico suelen recaer sobre una sola figura parental.
Contra la morosidad alimentaria y en beneficio directo de las infancias
El actual sistema de cobro se apoya en una red de información cruzada que permite identificar activos financieros de quienes figuran en el registro de deudores. A diferencia de años anteriores, la institucionalidad cuenta ahora con herramientas automáticas para asegurar que las pensiones lleguen a sus destinatarios finales.
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El monto recuperado en este proceso tributario beneficiará específicamente a 12.088 niños, niñas y adolescentes que mantenían pagos pendientes. Este mecanismo de retención se ha consolidado como uno de los incentivos más potentes para regularizar las deudas vigentes en el sistema judicial.
La secretaria de Estado enfatizó que estas acciones concretas demuestran que el seguimiento de las obligaciones familiares es hoy una prioridad gubernamental.
El impacto de género en el registro nacional de deudores
Las estadísticas oficiales revelan una realidad estructural preocupante, con más de 318 mil personas inscritas actualmente en el registro de morosos. De este universo total de deudores, el 95% corresponde a hombres, lo que evidencia una brecha de género profunda en la responsabilidad de los cuidados.
Esta desproporción pone de manifiesto cómo la falta de pago de pensiones afecta principalmente la estabilidad económica y emocional de las madres.
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La ministra Marín ha señalado que la carga de la crianza no puede seguir siendo una tarea solitaria que profundice la desigualdad en el país. El Estado continuará perfeccionando las herramientas de cobranza para asegurar que ningún menor quede desprotegido por la evasión de sus progenitores.
La consolidación de estas políticas busca no solo la recuperación de capital, sino un cambio cultural hacia la corresponsabilidad parental efectiva.
