El corazón de la Región de La Araucanía enfrenta una de sus crisis de probidad más profundas. La Fiscalía de Alta Complejidad investiga el destino incierto de más de 8.000 millones de pesos destinados originalmente a la reactivación económica post-pandemia.
Lo que debió ser un salvavidas para las pymes locales terminó, según las denuncias, en un reparto de fondos hacia figuras políticas y sus círculos familiares.
Rendiciones rechazadas, facturas cruzadas y compras de artículos personales con dinero público forman parte del expediente que hoy complica a la administración anterior. Una red de beneficios operaba tras sociedades cuestionadas por el actual gobernador.
Se han detectado irregularidades en las rendiciones de cuentas, donde el 77% de los recursos públicos simplemente no ha podido ser acreditado.
Parentescos y convenios en los recursos de reactivación
La investigación apunta a que una parte significativa de los fondos terminó en manos de personas vinculadas a partidos de derecha y exautoridades de la zona. Entre los beneficiados destaca Alejandro Martini, exdirigente del Partido Republicano, cuya empresa obtuvo 50 millones de pesos que hoy figuran con rendición rechazada.
El informe revela que Martini habría facturado compras a proveedores con los que mantenía vínculos comerciales previos, dificultando la trazabilidad del gasto.
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Otro foco de la Fiscalía se posa sobre la familia del exdiputado Diego Paulsen, cuyos parientes habrían recibido más de 200 millones de pesos a través de diversas firmas. En las rendiciones de estos grupos se detectaron gastos insólitos, como la compra de golosinas para eventos privados con recursos destinados a la inversión productiva.
Incluso se cuestionan adquisiciones de vehículos de alta gama y herramientas que nunca llegaron a las direcciones declaradas durante las fiscalizaciones de seguimiento.
El plan de René Saffirio para recuperar los fondos públicos
Ante el descalabro financiero detectado al asumir su cargo, el gobernador René Saffirio ha instruido sumarios administrativos inmediatos. La autoridad denunció el extravío de documentación clave y el desorden en la custodia de las carpetas que debían respaldar los millonarios traspasos.
Actualmente, solo el 8,9% de los dineros entregados cuenta con una rendición aprobada con éxito, dejando un vacío de más de 8 mil millones de pesos.
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) ya presentó las primeras denuncias, sumándose a las acciones legales que la gobernación evalúa para restituir el patrimonio. Un exfuncionario del GORE ya enfrenta cargos por fraude al fisco y lavado de activos, tras reconocer su participación en la falta de control del programa.
Este caso no solo afecta las arcas fiscales, sino que golpea la confianza en la región con los índices de pobreza más altos del país, que aún espera una reactivación real.





