Los fiscales Francisco Jacir y Alicia Ascencio presentaron una acusación penal masiva de 1.533 páginas contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, solicitando a que sea condenado a un total de 28 años de presidio efectivo. Esto por los delitos reiterados de fraude al fisco, lavado de activos y faltas tributarias cometidos mediante el desvío de subvenciones estatales entre los años 2011 y 2021.
El cierre definitivo de la etapa de indagatorias abre paso a la preparación del juicio oral más emblemático sobre corrupción municipal en la historia reciente del país.
Los persecutores reconstruyeron de forma milimétrica el organigrama delictivo que operaba al interior de las corporaciones comunitarias de la comuna con mayores ingresos de la nación. La recolección de evidencias materiales y los testimonios de los propios colaboradores municipales sustentan una de las carpetas investigativas más complejas del Ministerio Público.
Mecanismo de desvío de fondos comunitarios
El libelo acusatorio detalla que la red delictiva utilizó los programas de asistencia social denominados Vita para traspasar sumas dinerarias hacia las esferas patrimoniales del exalcalde. El perjuicio fiscal total provocado por estas operaciones fraudulentas fue tasado por los peritos de la institución en la cifra exacta de 761.840.886 pesos.
Los choferes de la municipalidad actuaban como intermediarios, cobrando cheques por caja para luego realizar 89 depósitos en efectivo en diversas cuentas bancarias.
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Por el delito de fraude al fisco reiterado, la Fiscalía solicita una pena de 12 años de presidio mayor, sumando una inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Los cargos por lavado de activos conllevan una petición de 6 años de cárcel, misma cantidad de tiempo requerida por la declaración maliciosa de impuestos ante el organismo fiscalizador.
La lista de sanciones penales se completa con una solicitud de 4 años de reclusión por la obtención indebida de devoluciones tributarias en los ejercicios comerciales anteriores.
Inmuebles incautados y la masiva nómina de testigos convocados
El Ministerio Público incluyó en la solicitud de comiso de bienes una propiedad ubicada en Cunco tasada en 185.000.000 de pesos y fajos de billetes guardados en estuches. Para validar la acusación ante el tribunal, los fiscales presentarán un contingente de 156 testigos, incluyendo a la actual jefa comunal de Vitacura, Camila Merino.
La estrategia procesal sumará el dictamen de 5 peritos forenses digitales y la exposición de más de 2.200 documentos institucionales recolectados por la policía civil.
Los demás implicados en las maniobras financieras ya aceptaron su responsabilidad en procesos previos, obteniendo sentencias condenatorias bajo la modalidad de juicios abreviados. La defensa del acusado se encuentra ante la encrucijada de mantener la estrategia de inocencia o ceder ante las presiones de las entidades querellantes del Estado.
La resolución definitiva de este litigio marcará un precedente vinculante respecto a los estándares de fiscalización exigidos a las corporaciones de administración local.
