El largo historial de morosidad del Crédito con Aval del Estado ha entrado en una fase de persecución legal en el país. El Ministerio de Hacienda instruyó a la Tesorería General de la República iniciar acciones judiciales inmediatas.
La medida apunta directamente a los deudores que, pese a tener altos ingresos, han mantenido sus cuotas en estado de incumplimiento.
El foco inicial se ha puesto sobre un grupo de 1.800 personas que perciben sueldos brutos superiores a los 5 millones de pesos mensuales. Sin embargo, la acción se extenderá rápidamente a quienes ganan sobre un millón y medio de pesos, segmento que representa el 20% de los morosos.
El brazo de la justicia que busca recuperar los fondos del crédito estudiantil
La instrucción ministerial no se limita a notificaciones, sino que abre la puerta a procedimientos de cobranza forzosa contra los deudores. Para el Ejecutivo, resulta inaceptable que profesionales con alta capacidad de pago no cumplan con sus obligaciones financieras con el Estado.
Expertos en el área alertan sobre la legalidad de algunas medidas propuestas, como el descuento por planilla o la publicación de listas de morosos.
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La abogada María Paz Ibáñez advierte que cualquier norma que atropelle la privacidad de la información podría ser declarada inconstitucional. Pese a los cuestionamientos, la Tesorería ya prepara los expedientes para iniciar los litigios que buscan detener el crecimiento de la cartera vencida.
Este despliegue judicial pretende enviar una señal clara de que la morosidad por “falta de voluntad” no será tolerada en los tramos de mayores ingresos.
Deudores denuncian que la banca no respeta el tope legal del 2%
Mientras el Gobierno presiona por los pagos, los estudios jurídicos especializados denuncian irregularidades en la composición de la deuda. María Paz Ibáñez, directora de Deuda Estudiantil, señala que el foco no debería estar solo en el cobro, sino en cómo se inflan los montos.
Según la ley del CAE, el interés máximo que debería pagar un deudor es de un 2%, cifra que rara vez se refleja en las cartolas bancarias.
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La abogada denuncia que existen leyes contrapuestas que permiten a los bancos cobrar hasta el máximo convencional de manera arbitraria. Esta discrepancia legal provoca que los saldos crezcan de forma desmedida, dificultando que incluso los profesionales exitosos puedan saldar el capital.
La solución más rápida, según expertos, sería que las entidades financieras ajusten los cobros al interés real establecido por la normativa vigente.
