La ambigüedad respecto al pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) terminaría con una ofensiva fiscal sin precedentes. El Presidente Kast anunció y activó el llamado “Plan de Reconstrucción Nacional” desde la Región del Biobío.
El mandatario anunció un fortalecimiento agresivo de los mecanismos de cobro para frenar la morosidad. La señal es clara: el Gobierno ha iniciado un cruce de datos masivo entre Tesorería e Impuestos Internos para detectar a deudores de altos ingresos.
Con una deuda pendiente que escaló de 500 mil millones en 2019 a cuatro billones de pesos hoy, la sostenibilidad del sistema está en jaque. El Ejecutivo planea obligar a pagar a quienes hoy tienen recursos y evaden su cuota.
El 53% de los titulados ya no paga su deuda del CAE
La situación del CAE pasó de ser una preocupación financiera a una crisis estructural durante los últimos cuatro años. Al cierre de 2025, la tasa de titulados que dejó de pagar su crédito escaló hasta el 53%, sumando 423 mil deudores con garantías ejecutadas.
Esta cifra representa un aumento de 25 puntos porcentuales respecto a 2022, un fenómeno impulsado en parte por las promesas de condonación del gobierno anterior.
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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reveló que el monto adeudado ha subido ocho veces en los últimos seis años, un ritmo considerado insostenible. Los datos de la Comisión Ingresa son aún más crudos para quienes no terminaron sus carreras: el 71% de los desertores tiene su garantía ejecutada.
Incluso entre los egresados que sí obtuvieron su título, más del 62% mantiene actualmente algún grado de morosidad en sus registros.
El fin del “FES” y la nueva estrategia de cobranza del Estado
El proyecto del Gobierno de Kast entierra definitivamente la idea del Fondo de Educación Superior (FES) que pretendía reemplazar al crédito. La nueva administración apuesta por el cumplimiento individual y la responsabilidad financiera como base de su “reconstrucción económica”.
Para ello, se habilitarán facultades especiales que permitan perseguir los bienes y rentas de aquellos deudores que, teniendo trabajo, optaron por no pagar.
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Quiroz fue enfático: no habrá una persecución contra los más vulnerables, pero sí una “tolerancia cero” para quienes registran altos sueldos. Esta medida se suma al ajuste en la gratuidad, que se limitará a menores de 30 años, buscando liberar US$21.200 millones al 2030.
El Congreso será el escenario de una batalla legislativa clave para determinar si el Estado recuperará finalmente los recursos invertidos en educación.
