El desierto y las fronteras nacionales guardan hoy una cifra que sacude los cimientos del presupuesto público para este 2026. El Servicio Nacional de Migraciones ha puesto sobre la mesa una realidad financiera ineludible.
Un total de 37.000 personas cuentan con decretos de expulsión firmados y están listas para abandonar el territorio nacional de forma inmediata.
Sin embargo, el cumplimiento de la ley se enfrenta a un muro de papel moneda que el Estado chileno aún no logra escalar. Lograr que cada uno de estos ciudadanos extranjeros regrese a su país de origen implica un despliegue logístico y económico sin precedentes.
La compleja logística detrás de cada expulsión de migrantes
Frank Sauerbaum, director designado de Migraciones, reveló que el costo promedio para sacar a una sola persona del país es de 3 millones de pesos. Esta suma no solo cubre el ticket aéreo del expulsado, sino también los pasajes y viáticos de dos escoltas de la PDI que deben custodiarlo.
Multiplicar este monto por los 37.000 casos pendientes arroja una cifra astronómica que supera los 111 mil millones de pesos chilenos.
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Actualmente, el presupuesto nacional no contempla estos fondos, lo que obliga al Ejecutivo a buscar financiamiento extraordinario en el Congreso. La administración anterior dejó una carpeta con 85.000 procesos adicionales en trámite, agravando la presión sobre las arcas fiscales.
Sin una inyección de capital inmediata, los decretos firmados corren el riesgo de quedar archivados mientras la crisis fronteriza persiste.
El factor Venezuela y los primeros vuelos de abril
Más allá del dinero, el Gobierno enfrenta trabas políticas internacionales que dificultan el flujo de los retornos forzosos. Cerca de la mitad de las personas con orden de expulsión vigente son de nacionalidad venezolana, lo que requiere puentes diplomáticos hoy complejos.
Para sortear estos obstáculos, Sauerbaum anunció que el primer grupo de expulsados partirá la segunda semana de abril con destino a Colombia.
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El Servicio de Migraciones intenta también recaudar fondos propios mediante el cobro de multas, que el año pasado generaron 6.000 millones de pesos. No obstante, existe una deuda de 4.000 millones de pesos en sanciones sin cobrar que podrían oxigenar el plan de seguridad nacional.
La estrategia ahora depende de la voluntad parlamentaria para priorizar recursos.
