Chile enfrenta un nudo crítico en su sistema migratorio que va mucho más allá del control de fronteras. En las oficinas del Estado, se reporta una acumulación de 120.737 solicitudes de nacionalización pendientes de resolución.
Esta cifra, revelada en informes internos del Servicio Nacional de Migraciones, representa una crisis de gestión que afecta a personas con casi una década de arraigo en el país. A pesar de que el ingreso de nuevas solicitudes bajó un 19% en el último año, el stock de expedientes sin respuesta creció un 20% respecto a 2024.
Para miles de extranjeros que han cumplido con cada exigencia legal, el sueño de ser chilenos sigue atrapado en la burocracia del gobierno.
22 mil firmas pendientes para entrar a Chile y cambiar nacionalidad
Uno de los hallazgos más alarmantes del reporte 2025 es la existencia de 22.896 solicitudes que ya superaron todas las etapas técnicas. Estos expedientes no están “enredados” en trámites de oficina, sino que se encuentran amontonados en los gabinetes de las autoridades a la espera de la firma final.
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Exactamente 22.017 decretos están pausados en la Subsecretaría del Interior, mientras que otros 752 aguardaban en el despacho ministerial. Se trata de ciudadanos que ya fueron validados por el aparato técnico del Estado y cuya integración definitiva quedó congelada sin explicación aparente.
Esta “herencia” administrativa recaerá sobre el nuevo director del Sermig, Frank Sauerbaum, quien deberá decidir si valida estos procesos o aplica nuevos criterios. La falta de estas firmas impide que el Estado tenga claridad total sobre quiénes han completado su proceso de asimilación legal definitiva.
El perfil de los migrantes que buscan la nacionalidad
Contrario a la percepción de flujos recientes, quienes solicitan la nacionalidad son personas con un profundo arraigo y años de residencia legal. El tiempo promedio de estadía en Chile para estos solicitantes alcanza los 9,6 años, llegando incluso a los 17 años en el caso de la comunidad peruana.
Entre las nacionalidades más afectadas por este rezago destacan los ciudadanos venezolanos, con más de 25.000 solicitudes en espera solo en el Sermig.
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Les siguen comunidades con larga trayectoria en el país, como colombianos, peruanos y ecuatorianos, muchos de ellos profesionales y técnicos integrados. El informe identifica además un grupo prioritario de 5.262 personas que llevan entre 10 y 14 años viviendo y trabajando en el territorio nacional.
La nueva administración deberá si prioriza a profesionales estratégicos o mantiene el orden de prelación de estos miles de expedientes.
