Una iniciativa legislativa denominada “Ley Pago Justo del CAE” ha ingresado al Congreso Nacional con el objetivo de poner límites a las acciones de la Tesorería. El proyecto surge como una respuesta directa ante lo que parlamentarios de diversas bancadas califican como una ofensiva de cobros compulsivos e insensibles.
La deuda de más de 550 mil personas tendría este cambio normativo que busca humanizar la relación entre el Estado y quienes financiaron sus estudios.
La propuesta intenta frenar la aplicación de cuotas iniciales exorbitantes que, en la práctica, se vuelven barreras imposibles de saltar para la clase media. En un contexto económico marcado por el alza del costo de la vida, esta medida pretende evitar que el pago de la educación se transforme en un motor de pobreza.
Capacidad de pago ajustada y el fin de los pies abusivos
Uno de los pilares del proyecto es la introducción del concepto de capacidad de pago ajustada para evaluar la situación real de cada deudor. La normativa obligaría a considerar no solo el ingreso nominal de la persona, sino también sus cargas familiares, gastos en salud y compromisos hipotecarios.
Actualmente, el sistema exige pagos iniciales de hasta el 20% del total de la deuda para poder pactar convenios, una cifra que desborda cualquier presupuesto familiar.
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La iniciativa critica que se recomiende a los usuarios solicitar créditos de consumo adicionales para cubrir la cuota inicial de una deuda que ya no pueden pagar. Se busca que los convenios sean transparentes y que el atraso por una emergencia puntual no signifique la pérdida total de los beneficios obtenidos.
Establecer condiciones acordes a la realidad laboral de los titulados es visto como un acto de justicia social para la primera generación de profesionales.
Vía judicial obligatoria y suspensión de cobros ejecutivos
El proyecto propone que cualquier acción de cobro se realice exclusivamente por la vía judicial, asegurando el debido proceso para todos los involucrados. Esta medida busca evitar que las ejecuciones masivas e indiscriminadas de la Tesorería dejen a las familias en una situación de desprotección financiera total.
Un artículo transitorio de la ley solicita la suspensión inmediata de cualquier cobro ejecutivo en curso mientras se tramita la solicitud de un convenio.
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Los parlamentarios impulsores sostienen que endurecer los mecanismos de cobro en un periodo de crisis económica es una decisión política errada y abusiva. La meta de fondo sigue siendo la condonación, pero esta ley actúa como un escudo protector urgente frente a los embargos y las repactaciones leoninas.
De esta forma, se espera evitar un descalabro financiero en los hogares que ya sufren el impacto de la inflación y la inestabilidad del mercado laboral.
