El ajuste fiscal impulsado por Hacienda ha llegado al corazón de La Moneda, con recortes específicos para cumplir con la meta de ahorro establecida para este año. Bajo la administración de Kast, la repartición debe reducir su presupuesto inicial en más de $700 millones, lo que representa el ajuste del 3% del total asignado para el ejercicio 2026.
Este movimiento responde a una instrucción directa del jefe de la billetera pública, Jorge Quiroz, quien ha mandatado a todas las carteras a estrechar sus márgenes operativos.
La estrategia de ahorro se concentra principalmente en tres pilares: la reducción del gasto en personal, la optimización de eventos públicos del mandatario y la postergación en la adquisición de tecnología. Aunque el recorte fue una de las promesas de campaña, la ejecución práctica ha generado diversas tensiones entre los ministerios.
Mientras algunas áreas logran exenciones por ser consideradas críticas, la Presidencia busca dar una señal política de austeridad al aplicar el ajuste en sus propias glosas de funcionamiento interno.
El detalle del ajuste del 3%: Personal y actos presidenciales
El mayor impacto económico del ajuste se sentirá en las transferencias corrientes, donde se ha definido una rebaja de $300 millones destinados originalmente al apoyo logístico de actos públicos. Esta glosa financia las puestas en escena tanto en el Palacio de La Moneda como en las giras regionales, e incluía el pago de honorarios por servicios específicos.
En cuanto al gasto en personal, el recorte alcanza los 238 millones de pesos, lo que equivale a una reducción del 2,2% en los sueldos y contrataciones de funcionarios de planta, contrata y honorarios.
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Este ajuste ya ha derivado en desvinculaciones efectivas dentro de la Presidencia, una medida que se replica en otras entidades públicas que buscan cumplir con la cuota de ahorro impuesta por Hacienda. Además, se ha aplicado una poda drástica en la adquisición de activos no financieros, con una reducción cercana al 47% en la compra de máquinas y equipos nuevos para la sede de gobierno.
La inversión en software y equipos informáticos también se verá disminuida, obligando a la administración a extender la vida útil de sus herramientas tecnológicas actuales para ahorrar unos 60 millones adicionales.
Tensiones ministeriales y el cumplimiento de la meta fiscal
La aplicación del recorte del 3% no ha sido uniforme en todo el aparato estatal, provocando fricciones en reparticiones que consideran que el ajuste pone en riesgo su capacidad operativa. El Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Trinidad Steinert, ha sido uno de los pocos en lograr una exención total de esta medida, debido a la prioridad política que representa el combate a la delincuencia.
Por su parte, el Ministerio de Salud también ha manifestado sus reparos, negociando una rebaja que sea inferior al guarismo general para no comprometer las atenciones críticas en la red sanitaria.
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En contraste, carteras como Vivienda han debido ajustar sus programas de préstamos a constructoras, lo que añade presión a un sector ya golpeado por la incertidumbre económica. El plan de Kast apunta a un ahorro masivo de 6.000 millones de dólares en todo el Estado, una meta ambiciosa que requiere que incluso el símbolo del poder ejecutivo se “apriete el cinturón”.
Esta señal de austeridad se complementa con el anuncio previo del mandatario de destinar parte de su remuneración personal a labores solidarias, reforzando el relato de un gasto público estrictamente necesario.
