Una de las instituciones educativas más prestigiosas del sur de Chile enfrenta hoy un complejo escenario judicial y administrativo. El Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío ha oficiado formalmente a la Universidad de Concepción (UdeC) por graves hallazgos en sus finanzas.
La controversia gira en torno a un proyecto de reactivación económica que recibió cuantiosos recursos públicos durante la gestión anterior.
Sin embargo, las cifras no cuadran para los organismos fiscalizadores, quienes detectaron inconsistencias que superan los 530 millones de pesos. El gobernador Sergio Giacaman ha sido tajante al exigir explicaciones inmediatas sobre el destino de estos fondos estatales.
Esta auditoría pone en duda la transparencia en el manejo de millonarios convenios universitarios.
Los servicios que encendieron las alarmas de Contraloría
El conflicto se origina en el programa “Apoyo a la revitalización económica de la micro y pequeña empresa”, financiado con más de 3.400 millones.
La primera en levantar sospechas fue la Contraloría General de la República, que cuestionó rendiciones iniciales por 142 millones de pesos. Posteriormente, el propio GORE detectó nuevos gastos fuera de norma por otros 389 millones, consolidando la millonaria cifra bajo investigación.
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El punto más crítico de la acusación apunta a que la universidad habría realizado “autocontrataciones” de servicios.
Esto implica que la casa de estudios contrató a entidades pertenecientes a su misma estructura orgánica para ejecutar labores del proyecto. Dicha práctica ha sido señalada como una irregularidad administrativa que contraviene los principios de transparencia en el uso de recursos públicos.
Universidad debe devolver los fondos al Gobierno Regional
Tras el oficio enviado por la máxima autoridad regional, la Universidad de Concepción ha entrado en una cuenta regresiva decisiva. La institución cuenta con un plazo máximo de 10 días hábiles para presentar todos los antecedentes que justifiquen estos movimientos financieros.
En caso de no aclarar satisfactoriamente las diferencias de dinero, la UdeC se verá obligada a restituir los $531 millones de forma inmediata.
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Desde el Gobierno Regional recalcaron que no se permitirán excepciones en la rigurosidad de la rendición de cuentas para este tipo de iniciativas. La comunidad académica y los contribuyentes del Bío Bío permanecen atentos a la respuesta de la administración universitaria ante estos cargos.
Este caso reabre el debate nacional sobre los mecanismos de control en los convenios entre organismos del Estado y casas de estudio superiores.
