La brecha entre el costo de la construcción y el poder adquisitivo ha generado un estancamiento en el mercado que hoy acumula miles de unidades nuevas sin encontrar comprador. Gobierno revela medidas para reducción de hasta un 15% el precio de las viviendas nuevas a través de una reforma profunda a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Esta iniciativa busca enfrentar un déficit habitacional que ya supera las 500 mil viviendas, atacando directamente los factores que encarecen el valor final de los proyectos.
Desde el Ministerio de Vivienda se propone simplificar las normativas para reactivar una industria que atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente. El objetivo central es permitir que el sector inmobiliario recupere el dinamismo perdido y ofrezca alternativas reales para quienes buscan un hogar en zonas urbanas.
Cambios regulatorios para reducción de costos de edificación
La propuesta del Ejecutivo contempla cinco ejes fundamentales diseñados para optimizar el uso del suelo y reducir los tiempos de espera burocráticos. Una de las medidas más relevantes es extender la vigencia de los permisos de edificación de tres a seis años, evitando que los proyectos caduquen por retrasos administrativos externos.
Asimismo, se plantea un aumento en la densidad habitacional, permitiendo construir más viviendas en las mismas superficies sin comprometer la calidad de vida de los residentes.
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El plan también incluye la reducción de las exigencias de estacionamientos en proyectos ubicados cerca de estaciones de Metro, trenes o ejes principales de transporte público. Al disminuir la obligación de construir costosos subterráneos, el valor total de la obra desciende significativamente, lo que debería reflejarse en un precio de venta más bajo.
Además, se facilitará la figura de “conjunto armónico”, otorgando beneficios en altura y constructibilidad a las empresas que opten por diseños integrados al entorno.
Reactivación del mercado y reconstrucción en zonas críticas
Las medidas presentadas no solo apuntan al mercado tradicional, sino que establecen normas especiales para agilizar la reconstrucción en áreas golpeadas por catástrofes. El Ministerio de Vivienda busca que los informes técnicos del Serviu tengan mayor peso para destrabar proyectos de movilidad y mitigación vial de forma acelerada.
Desde los gremios de la construcción se valora la dirección de estas reformas, señalando que el valor del suelo ha subido de forma desproporcionada en la última década.
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Expertos inmobiliarios coinciden en que estas ideas podrían destrabar la oferta estancada, aunque recalcan la importancia de pasar rápidamente del anuncio a la ejecución. La posibilidad de que proyectos ya aprobados se acojan a estas nuevas reglas garantiza que los cambios no queden atrapados en transiciones legales interminables.
La prueba definitiva para esta estrategia estatal será su aplicación real en el sector privado y su capacidad para generar una baja efectiva en el dividendo final de los usuarios. El éxito de esta reforma determinará si el sueño de la casa propia vuelve a ser una posibilidad tangible para la clase media y los sectores más vulnerables del país.
