El Gobierno ha decidido enfrentar la crisis de seguridad mediante una reforma estructural que incentive el salario de las fuerzas de orden en el país. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, calificó de inaceptable la realidad financiera de quienes se forman para combatir el crimen organizado.
Actualmente, un aspirante a Carabinero recibe un promedio mensual de 80.000 pesos, una cifra que la autoridad considera insuficiente para el riesgo que asumen.
El nuevo proyecto de ley busca elevar este monto de forma drástica para fomentar el ingreso de nuevos funcionarios a la institución. La propuesta contempla que la remuneración ascienda a 300.000 pesos durante el primer año y alcance los 800.000 pesos en el segundo periodo de formación.
Con este movimiento, el Ejecutivo pretende dignificar la carrera policial desde sus cimientos y atraer a personal calificado en un contexto de alta exigencia.
Incentivos por riesgo y bonificaciones por eficacia
El plan de fortalecimiento institucional también incluye una diferenciación salarial basada en la peligrosidad del territorio donde se presta servicio. Los funcionarios que desempeñen sus labores en comunas catalogadas como de alto riesgo recibirán un sueldo superior al promedio nacional.
Zonas con alta complejidad delictiva, como Puente Alto, serán priorizadas para que los uniformados cuenten con un respaldo económico acorde a la amenaza.
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Además, se implementará un bono trimestral vinculado directamente a la eficacia de los resultados obtenidos en el combate contra la delincuencia. Esta medida se extenderá también a la Policía de Investigaciones, buscando que la parte económica sea un pilar de tranquilidad para los agentes.
La ministra enfatizó que el respaldo a las policías debe ir más allá de las palabras y manifestarse en beneficios concretos y tangibles.
Tecnología de punta y coordinación estratégica
La estrategia de seguridad nacional no solo apuesta por el capital humano, sino por una modernización tecnológica sin precedentes en el Estado. Se han destinado 8.800 millones de pesos para equipar a las fuerzas de orden con cámaras corporales y escáneres de última generación.
La creación del Centro Nacional de Análisis Criminal funcionará como el cerebro estratégico para cruzar datos de personas, rutas y placas patentes.
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A esto se suma un convenio de colaboración con el FBI para abordar causas de alta complejidad vinculadas a estructuras transnacionales. El balance de los últimos 60 días refleja la intensidad de esta nueva lógica, con más de 7.000 detenidos en operativos coordinados.
La recuperación del control territorial en zonas históricamente conflictivas marca el inicio de una etapa que busca devolver la paz a la población civil.
