El Palacio de La Moneda se encuentra bajo escrutinio tras un episodio que ha puesto en duda el cumplimiento de las normativas sanitarias básicas. La Contraloría General de la República ha tomado cartas en el asunto tras recibir una denuncia formal sobre la manipulación de alimentos en la sede de Gobierno.
El ente fiscalizador otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la administración central entregue las explicaciones pertinentes.
Esta acción administrativa surge a raíz de una actividad realizada por la primera dama, Pía Adriasola, en las dependencias del casino institucional. Durante el evento, se observó la entrega directa de raciones de comida a los funcionarios, lo que gatilló una serie de cuestionamientos legales y de higiene.
Protocolos sanitarios y el rol del Estado
La controversia se originó cuando se difundieron imágenes de la primera dama sirviendo platos de fondo sin contar con los implementos de protección obligatorios. El diputado Daniel Manouchehri fue quien impulsó el oficio ante el organismo contralor, enfatizando que la manipulación de alimentos exige estándares estrictos.
El parlamentario subrayó que el uso de guantes, mascarillas y cubre pelo no son opcionales en recintos que prestan servicios de alimentación colectiva.
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La denuncia apunta a que, incluso en el corazón del poder político, las reglas de salud pública deben aplicarse sin excepciones ni privilegios. Se cuestiona si la presencia de figuras de alto perfil en tareas operativas exime a la institución del cumplimiento de los reglamentos del Servicio de Salud.
Para el ente fiscalizador, es imperativo determinar si hubo una falta a los protocolos que rigen el funcionamiento administrativo de la Presidencia.
Plazos legales y posibles responsabilidades
La Dirección Administrativa de la Presidencia ha sido notificada oficialmente para que informe sobre los pormenores de lo ocurrido el pasado 12 de marzo. El documento enviado por Contraloría exige que se aclare bajo qué condiciones se permitió la intervención de personal externo en la cadena de servicio.
Este requerimiento busca establecer responsabilidades administrativas y verificar si se puso en riesgo la integridad sanitaria del personal de La Moneda.
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El diputado denunciante ha insistido en que el Estado no puede funcionar como una propiedad privada donde se ignoren los manuales de procedimientos. Además del oficio a Contraloría, se ha solicitado la intervención de la Seremi de Salud para realizar una inspección técnica sobre las prácticas de higiene.
La respuesta del Ejecutivo deberá detallar si existió una planificación previa para esta actividad o si se trató de una acción espontánea sin supervisión.
Este caso reabre el debate sobre los límites de las funciones protocolares y la necesidad de mantener la rigurosidad técnica en toda labor pública. El cumplimiento del plazo de diez días será clave para conocer si existirán sanciones o medidas correctivas dentro del recinto gubernamental.
