El destino de miles de niños que esperan un hogar definitivo ha entrado en una fase de incertidumbre administrativa. El gobierno de Kast ordenó el retiro del decreto supremo que permitía la implementación de la nueva Ley de Adopción.
Esta decisión técnica, ejecutada ante la Contraloría General de la República, deja en suspenso la entrada en vigencia de la Ley 21.760.
El documento retirado corresponde al reglamento del Ministerio de Desarrollo Social que establecía las normas de ejecución para el nuevo sistema. Acompáñenos a desglosar las razones del Ejecutivo para esta “actualización” y las duras críticas que han surgido desde los sectores de oposición.
Explore cómo esta medida afecta los plazos de un proceso que actualmente puede extenderse por más de seis años para las familias chilenas.
La pausa legal a Ley de Adopción implementada por Boric
La ministra María Jesús Wulf salió al paso de las críticas asegurando que el retiro busca perfeccionar la normativa y no anularla. Desde La Moneda, la secretaria de Estado enfatizó que están trabajando seriamente para que el país avance con un marco legal sólido.
Sin embargo, el retiro del Decreto Supremo N° 2 implica que la modernización del sistema impulsada anteriormente queda técnicamente congelada.
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La normativa original buscaba agilizar los trámites burocráticos y simplificar la evaluación formativa para los futuros padres adoptivos en el país. Al no existir un reglamento aprobado por el ente contralor, la ley no cuenta con las herramientas operativas para ser aplicada en los tribunales.
Esta situación mantiene la vigencia del sistema antiguo, criticado históricamente por su lentitud y la prolongada institucionalización de los menores.
La tormenta política que desata la decisión del Ejecutivo
La reacción en el Congreso no se hizo esperar, con parlamentarios acusando al Gobierno de imponer una visión ideológica sobre el bienestar infantil. La diputada Emilia Schneider calificó de inaceptable la demora, apuntando a que el “sesgo conservador” del oficialismo estaría frenando la ley.
Schneider recordó que la normativa ya fue aprobada por el Congreso y que su implementación es una obligación legal que no admite más dilaciones.
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En contraste, sectores cercanos al Gobierno de Kast sostienen que es necesario revisar los criterios de idoneidad antes de poner en marcha el sistema. La incertidumbre se traslada ahora a las residencias de menores, donde el sueño de una familia vuelve a depender de los tiempos de la política.
Para los habitantes de Villa Alemana y todo Chile, el debate sobre la adopción vuelve a situarse en el centro de la polarización institucional.
