El Senado ha dado un paso definitivo para enfrentar la crisis hídrica tras respaldar las enmiendas al proyecto sobre el uso de agua de mar. La normativa ha quedado lista para convertirse en ley, estableciendo por primera vez un marco regulatorio para la desalinización sostenible en el país.
Este avance legislativo busca mejorar la seguridad hídrica nacional frente a los efectos severos del cambio climático y la megasequía.
La ley define que el agua desalada será considerada un bien nacional de uso público, asegurando que su aprovechamiento sea regulado por el Estado. El texto legal garantiza que los titulares de concesiones marítimas solo podrán extraer y procesar la cantidad de agua estrictamente necesaria para sus fines.
La prioridad absoluta del sistema será el consumo humano, el uso doméstico y el saneamiento, protegiendo el derecho básico de la población al recurso.
El plan maestro para proteger los ecosistemas costeros
La nueva ley no solo permite la extracción, sino que ordena la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización para coordinar al sector público y privado. Este instrumento fijará las orientaciones para la instalación de plantas, buscando un uso armónico y sustentable del borde costero chileno.
Uno de los objetivos más ambiciosos es la recuperación de acuíferos terrestres sobreexplotados mediante el relleno con agua desalada.
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Se pretende sustituir los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas agotadas por este nuevo recurso, permitiendo que las cuencas naturales respiren. La estrategia también se enfocará en minimizar los costos del recurso, tanto para las familias en sus hogares como para los sectores productivos.
La coordinación institucional será clave para evitar que la proliferación de proyectos dañe la biodiversidad marina o altere los ecosistemas costeros.
El filtro estricto para asegurar la sostenibilidad del proceso
El proyecto de ley dispone que cualquier instalación de planta desalinizadora deberá someterse obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Este requisito asegura que cada proyecto sea analizado minuciosamente para prevenir daños a la fauna y flora marina antes de iniciar su construcción.
El resguardo de la biodiversidad es una pieza central de la norma, exigiendo que la tecnología utilizada sea compatible con la vida en los océanos.
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Al establecer reglas claras y fiscalización constante, el Estado busca otorgar certezas jurídicas a los inversionistas sin sacrificar el patrimonio ambiental. La aprobación de esta ley marca un punto de inflexión en la gestión del agua en Chile, pasando de la dependencia de las lluvias a la innovación tecnológica.
Con el respaldo total del Congreso, el país inicia una nueva etapa donde el océano se integra formalmente a la matriz hídrica nacional de manera responsable.
