La incertidumbre vuelve a navegar por las costas chilenas tras un giro político que redefine las reglas del juego en altamar. La Secretaría General de la Presidencia confirmó el retiro oficial de la nueva Ley de Pesca del Congreso.
La iniciativa, que buscaba reemplazar la normativa vigente desde 2013, fue frenada abruptamente antes de llegar a la votación en Sala.
Con este movimiento estratégico, la administración actual asegura la permanencia de la legislación impulsada originalmente por el exministro Pablo Longueira. Duras acusaciones de corrupción han surgido desde la oposición tras este polémico oficio.
Indignación de parlamentarios contra decisión del Presidente
Desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, la reacción ha sido unánime al calificar el retiro como un golpe bajo a la fe pública. El diputado Jorge Brito tildó la ley vigente como la “mayor vergüenza de la política chilena”, recordando las condenas por cohecho que marcaron su origen.
Para los críticos, mantener la normativa actual significa validar un sistema que favorece a los grandes grupos económicos por sobre los pequeños armadores.
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El senador Daniel Núñez acusó directamente al Gobierno de José Antonio Kast de estar al servicio de la gran industria y de empresas como Corpesca. Por su parte, el diputado Luis Cuello lamentó que se “eche por tierra” un proceso participativo que incluyó diálogos directos en las caletas del país.
La oposición sostiene que esta decisión deja en la orfandad a la pesca artesanal, la cual ya enfrenta el impacto del alza en los combustibles.
Fundamentos del oficialismo para defender el retiro del texto
En la otra vereda, sectores del oficialismo y parlamentarios como Sergio Bobadilla aplaudieron la determinación de La Moneda. Según el legislador, el proyecto de la administración Boric era una amenaza que generaría pobreza, cesantía e incertidumbre en el sector industrial.
Desde esta perspectiva, la normativa retirada no lograba garantizar el progreso de todas las familias que viven del mar.
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Particularmente en la región del Biobío, se argumenta que los cambios propuestos anteriormente ponían en riesgo miles de puestos de trabajo directos. El Gobierno defiende su facultad de retirar proyectos que no se alinean con su visión de desarrollo y estabilidad para la inversión privada.
La batalla por la legitimidad del sistema extractivo chileno se traslada ahora desde el parlamento hacia las organizaciones gremiales de pescadores.
