La tranquilidad de la zona lacustre se vio interrumpida por un informe que sacude los cimientos del municipio local. Una auditoría de la Contraloría Regional de La Araucanía reveló graves irregularidades en los pagos realizados a asesores directos.
El ente regulador detectó que ciertos colaboradores bajo la modalidad de honorarios percibían sueldos superiores a los cargos más altos de la planta.
Esta disparidad no solo quiebra la jerarquía administrativa, sino que expone una gestión de recursos públicos cuestionable en el popular destino turístico. Los antecedentes, consignados en el informe N°731, analizan un periodo de opacidad financiera que abarca desde 2024 hasta mediados de 2025.
Los asesores de la Municipalidad de Pucón ganaban más que los jefes de planta
El caso más emblemático expuesto por la Contraloría muestra una diferencia remuneracional que ha causado indignación en la opinión pública regional.
Un asesor a honorarios recibió más de 53 millones de pesos en un periodo de diez meses, duplicando el sueldo de un profesional de planta. Mientras un funcionario de grado 8° percibía cerca de 28 millones, el asesor externo se embolsaba una cifra desproporcionada sin una justificación clara.
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Además, se detectaron incrementos excepcionales en los sueldos de otros dos colaboradores durante el primer semestre de 2025.
Estos aumentos no contaban con respaldos administrativos ni autorizaciones formales que validaran el flujo de dinero estatal. Ante esto, la Contraloría fue tajante y ordenó la devolución inmediata de los montos improcedentes en un plazo máximo de 60 días hábiles.
Prórrogas sin fundamento y funciones permanentes encubiertas
El informe no solo se queda en los montos, sino que profundiza en la precariedad y el mal uso de las formas de contratación.
Se detectó que el municipio contrató a 104 personas bajo el Código del Trabajo, pero 16 de ellas mantuvieron sus contratos sin ninguna justificación legal. Aún más grave es la situación de 26 trabajadores que realizaban funciones propias y permanentes de la municipalidad bajo vínculos laborales incorrectos.
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Para el organismo fiscalizador, esta práctica resulta improcedente, pues se utiliza una modalidad transitoria para cubrir necesidades que son de planta.
Los antecedentes ya fueron incorporados a un sumario administrativo que busca determinar las responsabilidades políticas y técnicas de estos pagos. El municipio ahora corre contra el reloj para informar los avances del proceso y acreditar documentalmente el reingreso de los fondos cuestionados.
