El municipio de Linares se encuentra en el ojo del huracán este lunes 9 de marzo de 2026 tras revelarse un insólito beneficio económico. John Sancho, director de Desarrollo Comunitario, logró percibir su sueldo íntegro por meses a pesar de encontrarse tras las rejas.
La Contraloría General de la República detectó que el funcionario recibió más de $22 millones de pesos mientras cumplía medidas cautelares.
El organismo fiscalizador fue tajante al señalar que estos pagos son improcedentes y constituyen una grave irregularidad administrativa. La situación ha generado una ola de indignación en la Región del Maule, donde se cuestiona la vigilancia de los recursos públicos.
Tras recibir salario estando preso deberá devolverlo
La investigación de la Contraloría determinó que Sancho recibió sus remuneraciones completas entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. Durante este periodo, el directivo se encontraba primero en prisión preventiva y luego bajo arresto domiciliario por una causa judicial vigente.
A los sueldos mensuales se sumaron bonos de Mejoramiento de Gestión que alcanzaron los $5 millones de pesos, pagados con dinero municipal.
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El ente regulador ha otorgado un plazo de 30 días hábiles para que el funcionario reintegre la totalidad de los $22.648.367 percibidos. Este hallazgo surge tras una denuncia de la diputada Consuelo Veloso, quien solicitó revisar con lupa las finanzas de la administración de Linares.
El caso se suma a la investigación del “Caso Cloro”, donde Sancho y el alcalde Mario Meza son indagados por presuntos sobreprecios en pandemia.
Más de $610 millones en horas extraordinarias bajo sospecha
El informe de Contraloría no solo se detuvo en el sueldo del director de Dideco, sino que destapó una red de irregularidades en el control de asistencia. Solo durante el año 2024, la Municipalidad de Linares desembolsó la estratosférica cifra de $610 millones de pesos en pago de horas extra.
Tras una revisión parcial, se comprobó que al menos diez funcionarios superaron el límite legal permitido de horas adicionales al mes.
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El sistema de registro presentó más de 160 anomalías, detectándose cerca de 700 horas pagadas que no tenían un respaldo real de trabajo realizado. La diputada Veloso calificó la situación como inaceptable y aseguró que vigilará personalmente que el dinero sea devuelto a las arcas fiscales.
Este escándalo pone nuevamente en tela de juicio la ética en la administración municipal y el uso del Estado como una caja pagadora de favores.
