El panorama legislativo en el Congreso Nacional se ha tornado tenso tras la decisión del oficialismo de acelerar la tramitación del megaproyecto de reactivación económica y reconstrucción. El gobierno del Kast busca despachar la iniciativa antes de los 3 días de descanso que comienzan el 21 de mayo.
La estrategia oficialista consiste en cerrar las audiencias con expertos y votar la idea de legislar este mismo jueves 7 de mayo, cumpliendo así con la “suma urgencia”.
Esta celeridad permitiría que el texto pase rápidamente por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente antes de llegar a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha fijado el 20 de mayo como la fecha límite para que el proyecto salga de la Cámara Baja hacia el Senado.
Dicha premura responde a la necesidad de evitar que el debate se postergue por la semana distrital y la cuenta pública presidencial programada para el 1 de junio.
El cronograma crítico de la megarreforma
El fixture legislativo diseñado por Romero contempla una discusión en particular intensiva entre el 11 y el 13 de mayo, tras la aprobación en general. Si los plazos se cumplen, la sala podría votar la reforma integral el lunes 18 de mayo, dejando un margen de seguridad frente a las metas del Ejecutivo.
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Para el oficialismo, es vital que el Senado reciba el proyecto antes de finales de mayo para asegurar su despacho final antes de que comience el segundo semestre.
Sin embargo, la falta de una mayoría holgada obliga al Palacio de La Moneda a intensificar las negociaciones con sectores de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente. Las demandas de compensación por la compra de insumos básicos, como pañales y fármacos, se mantienen como una de las llaves principales para destrabar el apoyo opositor.
Airadas quejas y acusaciones de autoritarismo
Desde la oposición, parlamentarios como Carlos Bianchi y Boris Barrera han calificado este apuro como una señal impositiva y una falta de respeto al trabajo colegislativo. Acusan que cerrar el periodo de audiencias de forma abrupta impide escuchar a organizaciones sociales y expertos necesarios para una reforma de tal envergadura.
Para los críticos, el gobierno busca un “titular” favorable en la prensa sin haber garantizado los votos necesarios para la aprobación definitiva en la sala.
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La desconfianza radica en que una aprobación en comisión no refleja necesariamente la voluntad del pleno, donde las fuerzas políticas se encuentran mucho más fragmentadas. En las próximas horas, la comparecencia del Consejo Fiscal Autónomo será determinante para el futuro técnico de la iniciativa y el ánimo de la votación del jueves.
Mientras el oficialismo apuesta por la “magia” de la urgencia, la oposición advierte que saltarse etapas legislativas sentará un precedente negativo para el diálogo democrático.
