La modernización del aparato estatal ha dado un paso decisivo hacia la eficiencia con una reforma que promete terminar con las esperas interminables y los costos excesivos en notarías. Desde inicios de abril de 2026, el sistema notarial y registral ha dejado atrás décadas de burocracia gracias a la entrada en vigencia de la Ley N° 21.772.
Esta normativa busca devolverle tiempo a los ciudadanos, eliminando la exclusividad de las notarías en una serie de gestiones que ahora pueden resolverse de manera digital.
El cambio no solo impacta en la comodidad de los trámites, sino que redefine la relación entre el Estado y el mundo privado mediante la simplificación de procesos. La nueva ley de notarías establece un estándar de transparencia que obliga a estos organismos a informar sus precios y cumplir con niveles mínimos de infraestructura.
Esta transformación responde a una demanda histórica por reducir el costo de vida y agilizar la economía mediante el uso intensivo de la tecnología.
La desnotarización de los trámites cotidianos y administrativos
Uno de los pilares de esta reforma es el reemplazo de la firma notarial por declaraciones simples o el uso de la firma electrónica avanzada en múltiples documentos. En el ámbito habitacional, los permisos para alterar viviendas económicas ya no requieren la validación de un notario, facilitando las mejoras en el hogar.
La administración pública también experimenta un alivio, permitiendo que la acreditación de experiencia en concursos públicos se realice mediante una declaración sencilla.
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Poderes para representar ante órganos del Estado y el reconocimiento de firmas en documentos privados digitales ahora prescinden de la presencia física en las oficinas. Incluso sectores específicos, como las asociaciones de pescadores o las sociedades anónimas deportivas, ven simplificadas sus modificaciones de estatutos y actas.
Este avance elimina barreras innecesarias y permite que el sistema se enfoque en gestiones donde la fe pública sea estrictamente indispensable.
Digitalización, precios máximos y supervisión ciudadana
La reforma impulsa la obtención de copias de escrituras y certificados de forma remota, permitiendo que la mayoría de los procesos se realicen desde la comodidad del hogar. Para garantizar la equidad, los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía fijarán tarifas máximas que las notarías deberán respetar y exhibir públicamente.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) adquiere un nuevo rol fiscalizador, supervigilando la calidad de la atención y el cumplimiento de los horarios informados.
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Cualquier cobro indebido o demora injustificada podrá ser denunciado ante este organismo, que tiene la facultad de perseguir multas de hasta 300 UTM por infracción. La ley también exige estándares mínimos de atención, asegurando que la infraestructura de las notarías sea adecuada para recibir a todo tipo de público sin discriminación.
Esta transición hacia un sistema digitalizado y regulado marca el inicio de una era donde la tecnología se pone al servicio de la justicia y el bienestar social.





