El mercado de la tierras agrarias en Chile se prepara para un cambio de reglas tras casi dos años de estancamiento legislativo. Las autoridades recién asumidas en el Ministerio de Agricultura confirmaron que rescatarán el proyecto de ley de parcelaciones rurales que no ha tenido movimiento desde julio de 2024.
La iniciativa, que busca poner límites estrictos a las subdivisiones de predios agrícolas, ha permanecido 19 meses en los cajones del Congreso.
El ministro Jaime Campos aseguró que la transformación de campos productivos en negocios inmobiliarios es una de sus mayores preocupaciones actuales. Con la reactivación de este trámite, el Gobierno busca proteger la seguridad alimentaria y el ecosistema de las regiones del sur del país.
Las solicitudes al SAG caen un 61% en tres años
La sola expectativa de una ley más dura y las circulares administrativas previas ya han generado un efecto disuasorio en los propietarios. Según datos oficiales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), los ingresos de solicitudes pasaron de 22.378 en 2022 a solo 8.650 en 2025.
Esta caída del 61% demuestra que el endurecimiento de los criterios técnicos ha frenado la proliferación descontrolada de loteos rurales.
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El fenómeno inmobiliario se concentra casi exclusivamente en el sur, donde se registran 7.845 de las 8.650 solicitudes anuales del último periodo. La Región de Los Lagos lidera la demanda nacional, convirtiéndose en el epicentro de la presión por convertir bosques en zonas residenciales.
En contraste, el norte del país apenas representa una fracción mínima del problema, con solo 805 ingresos detectados desde Arica a Santiago.
¿Productividad agrícola o expansión inmobiliaria?
El ministro Campos ha sido enfático en que una parte importante del suelo fértil de Chile se está perdiendo para fines habitacionales. El proyecto de ley busca evitar que la fragmentación de la tierra impida el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas a gran escala.
La normativa propuesta obliga a los nuevos loteos a cumplir con estándares mínimos de urbanización, similares a los de las zonas urbanas.
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Esto encarecería el costo de las parcelas, eliminando la opción de los “loteos brujos” que carecen de servicios básicos y dañan el entorno. Pese al interés del Ejecutivo, aún falta definir si el proyecto contará con “suma urgencia” para ser votado en las próximas semanas.
Los gremios agrícolas celebran la medida, mientras que el sector inmobiliario rural advierte sobre una posible alza desmedida en el precio de las viviendas.
