La memoria de Iquique y Alto Hospicio ha sido sacudida este marzo de 2026 por una noticia que parecía imposible. Julio Pérez Silva, el mayor asesino en serie de la historia de Chile, asoma como uno de los nombres que podrían dejar la cárcel.
Esto ocurre tras la estrecha aprobación en el Senado de una ley que permite el cumplimiento alternativo de penas para reclusos ancianos.
A 1.765 kilómetros de la capital, las familias de las 14 jóvenes violadas y asesinadas entre 1998 y 2001 han reaccionado con horror. El criminal, que cumple una condena de presidio perpetuo calificado, se encuentra hoy en un rango de edad que lo vuelve elegible para el beneficio.
Los requisitos que pondrían al asesino en su domicilio
El proyecto aprobado el jueves establece que internos con enfermedades crónicas o edad avanzada pueden optar a la reclusión domiciliaria total. Pérez Silva, conocido como el “Segua”, ya supera los 60 años y su defensa podría alegar condiciones de salud para sacarlo de Colina I.
Aunque originalmente debía cumplir pena hasta el año 2071, la nueva normativa no excluye explícitamente a criminales de su peligrosidad.
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Los impulsores de la ley argumentan que se busca “humanizar” el sistema, pero para las víctimas de Alto Hospicio, esto suena a impunidad. El texto prohíbe fijar domicilio donde resida la víctima, pero en este caso, el daño se extendió a toda una comunidad que aún lo teme.
De prosperar el beneficio, el hombre que arrojaba niñas a piques mineros terminaría sus días en una casa, lejos de los muros de alta seguridad.
El fantasma de la negligencia policial vuelve a rondar
La posibilidad de libertad para Pérez Silva revive el oscuro recuerdo de la indiferencia institucional que permitió sus crímenes. Durante años, la policía adujo que las víctimas habían huido por voluntad propia “para prostituirse”, ignorando el clamor de los padres más humildes.
La senadora Yasna Provoste ya anunció una reserva de constitucionalidad para frenar una ley que considera contraria a los tratados internacionales.
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En Iquique, las animitas y neumáticos blancos que marcan los lugares del hallazgo de los cuerpos hoy lucen nuevas velas en señal de protesta. Si el proyecto no es modificado antes del 16 de marzo, la justicia chilena enfrentará un dilema ético que pondrá a prueba su integridad.
El país entero observa con cautela si el autor de los crímenes más atroces del desierto logrará evadir el castigo que la sociedad le impuso.
