La tensión política alcanzó su punto máximo en el Congreso este miércoles 4 de marzo de 2026, tras una votación que dejó al Ejecutivo en una posición de alerta.
El Senado aprobó en general el proyecto de cumplimiento alternativo de penas, una iniciativa que ha despertado una profunda indignación en las filas del Gobierno. Bajo el argumento de razones humanitarias para reclusos mayores y enfermos terminales, la propuesta avanzó con 23 votos a favor pese al rechazo oficialista.
Para el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, esta decisión legislativa representa un retroceso peligroso para el sistema judicial y la seguridad ciudadana.
Las autoridades advierten que la medida no distingue la gravedad de los crímenes, abriendo la puerta de las cárceles a delincuentes de alta peligrosidad. Acompáñenos a revisar el impacto que tendría esta ley en la población penal y por qué el Gobierno asegura que se están vulnerando tratados internacionales.
12 mil reos podrían salir de los recintos penales
El diagnóstico del Ministerio de Justicia es lapidario: cerca del 20% de la población penal del país podría verse beneficiada por esta nueva normativa. Esto significa que aproximadamente 12 mil personas dejarían sus celdas para cumplir condenas en sus domicilios bajo un régimen de libertad vigilada.
El ministro Gajardo denunció que la ley permitiría la excarcelación de condenados por delitos atroces, como crímenes de lesa humanidad y femicidios.
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A la lista se suman autores de homicidios, violaciones y abusos sexuales contra menores, quienes podrían conmutar su pena por arresto domiciliario. Desde el Ejecutivo recalcan que esta medida va en contra de la política de persecución penal y de los compromisos de Chile con los derechos de las víctimas.
“Es impresentable para nuestra democracia”, sentenció el titular de Justicia, exigiendo explicaciones a quienes votaron a favor de esta polémica iniciativa.
Riesgo a la seguridad nacional
La molestia del secretario de Estado se personificó en un mensaje directo al senador Rojo Edwards, desmintiendo cualquier acuerdo previo con la cartera.
Gajardo sostuvo que el Ministerio de Justicia siempre estuvo presente en las comisiones para advertir sobre las deficiencias técnicas del proyecto. Según el Gobierno, la ley es deficitaria y pone en “grave peligro” la seguridad de la sociedad chilena al liberar a victimarios de crímenes horrendos.
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La aprobación se logró por apenas un voto de diferencia, lo que evidencia la profunda fractura que existe en el Congreso respecto a los beneficios carcelarios.
El Ejecutivo argumenta que esta ley borra años de trabajo en seguridad pública, afectando directamente a las familias de las víctimas de delitos violentos. Mientras el proyecto sigue su curso legislativo, el Gobierno evalúa nuevas acciones para frenar lo que consideran un atentado contra la justicia y la paz social.
