La política chilena vivió este jueves 5 de marzo de 2026 una de sus jornadas más fracturadas tras una votación que mantuvo en vilo al país. Por un margen mínimo de 23 votos contra 22, la Cámara Alta dio luz verde en general al proyecto que busca otorgar arresto domiciliario a ciertos reos.
La iniciativa aprobada apunta a condenados que cumplan requisitos específicos de edad o que padezcan enfermedades crónicas y terminales.
Sin embargo, el resultado desató una tormenta de críticas en el oficialismo, donde acusan que la ley abre una ventana de impunidad inaceptable. El debate, que se extendió por tres intensas sesiones, terminó con el anuncio de una reserva de constitucionalidad por parte de varios senadores.
Humanidad o impunidad: Los argumentos que dividen a los legisladores
Los impulsores de la moción, liderados por senadores de oposición, argumentan que el Estado debe “humanizar” el trato a los reos ancianos. Sostienen que la pena no se extingue, sino que se traslada al hogar del condenado cuando el sistema carcelario no puede brindar atención médica digna.
Desde la otra vereda, el rechazo fue tajante al señalar que los requisitos son “laxos” y podrían beneficiar a violadores y asesinos.
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Especial preocupación genera el caso de los condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes podrían cumplir su sentencia fuera de las rejas. Además, se alertó que el proyecto ignora observaciones de la Corte Suprema y contraviene tratados internacionales como el Estatuto de Roma.
La senadora Yasna Provoste ya adelantó que llevarán la discusión al Tribunal Constitucional por considerar que la norma vulnera compromisos de Chile.
¿Quiénes podrían salir de la cárcel bajo este régimen?
El texto aprobado consta de cuatro artículos fundamentales que definen las reglas para sustituir la cárcel por el encierro domiciliario total. Un punto crítico es que prohíbe explícitamente fijar como domicilio el lugar donde resida la víctima del delito cometido.
El tribunal podrá decretar el beneficio si el interno padece una enfermedad incurable en periodo terminal o una discapacidad que le impida un trato digno.
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También se incluye a quienes sufren enfermedades crónicas que no puedan ser tratadas adecuadamente dentro de los establecimientos penales. En cuanto a la edad, se propone el beneficio para mayores de 80 años, considerando la suma de su edad real y el tiempo efectivo en prisión.
Tras la aprobación en general, se fijó el 16 de marzo como plazo fatal para presentar indicaciones que busquen corregir los puntos más controvertidos del texto.
