La responsabilidad sobre la violencia en las aulas está a punto de cruzar el umbral del colegio para instalarse definitivamente en el living de cada hogar chileno. El Senado debate una iniciativa que marcaría un antes y un después en la lucha contra el maltrato entre estudiantes.
El proyecto de ley propone sancionar económicamente a los apoderados que, tras ser notificados, no frenen las conductas agresivas reiteradas de sus hijos.
Se busca terminar con la percepción de que el establecimiento educativo es el único encargado de corregir comportamientos que nacen de la crianza. La medida responde a una realidad alarmante donde los protocolos internos de los colegios parecen insuficientes ante la falta de apoyo familiar.
Con detalles de millonarias multas, se pretende modificar la Ley General de Educación para reforzar la convivencia.
Multas para los padres de hasta 3,5 millones de pesos por falta de supervisión
La senadora María José Gatica, impulsora de la moción, sostiene que la base de la educación y el respeto mutuo debe forjarse necesariamente en la casa. De aprobarse, los apoderados que ignoren las advertencias de los colegios sobre casos de bullying podrían enfrentar multas de hasta 50 UTM.
Al valor actual de marzo de 2026, esta sanción pecuniaria equivale a casi $3,5 millones de pesos, una cifra que busca generar un impacto real y disuasorio.
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La iniciativa busca modificar el artículo 16 D de la Ley N° 20.370, integrando la obligatoriedad de que la familia adopte medidas correctivas concretas. Los equipos directivos han manifestado que sus esfuerzos de mediación fracasan sistemáticamente cuando no existe un acompañamiento real de los tutores.
El proyecto no busca criminalizar a la familia, sino incentivar una participación activa en la prevención de la violencia antes de que sea demasiado tarde.
El camino legislativo de una reforma que divide opiniones en educación
La propuesta ya fue presentada ante la ministra de Educación, María Paz Arzola, con el fin de obtener el patrocinio del Ejecutivo para su rápida tramitación. El contexto es crítico, considerando que 6 de cada 10 escolares en Chile presentan actualmente síntomas de ansiedad o depresión vinculados al clima escolar.
Los defensores del proyecto argumentan que el castigo al bolsillo es la única forma de que ciertos padres tomen en serio las denuncias de agresión.
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Por otro lado, expertos en convivencia escolar se preguntan si la multa económica podría generar mayor tensión o violencia dentro del núcleo familiar afectado. La discusión en el Senado deberá equilibrar la urgencia de proteger a las víctimas con la capacidad de los padres para gestionar conductas complejas.
Este cambio legal obligaría a los apoderados a ser agentes activos en la promoción de un entorno seguro para todos los niños y adolescentes del país.
