El desierto de Atacama se ha convertido en el epicentro de la nueva política de seguridad nacional bajo el mandato de José Antonio Kast. En estos días, el mandatario supervisó en terreno el inicio de una obra que busca transformar la frontera en una fortaleza.
El Plan Escudo Fronterizo no es solo un discurso, sino un despliegue de ingeniería que combina zanjas profundas con muros de cinco metros.
La orden presidencial es clara: detener el ingreso irregular mediante barreras físicas que cierren definitivamente los pasos no habilitados. Sin embargo, tras el cemento y las vallas, el Gobierno enfrenta un laberinto administrativo y financiero para concretar las expulsiones pendientes.
37 mil decretos firmados y el factor Venezuela
Frank Sauerbaum, director designado de Migraciones, reveló que la herencia recibida contempla una carpeta con miles de expulsiones “listas”. Existen 37.000 decretos de expulsión ya firmados y otros 85.000 casos en proceso administrativo, cifras que desbordan la capacidad logística actual.
El principal obstáculo político radica en que la mitad de los sancionados son de nacionalidad venezolana, lo que requiere una compleja coordinación diplomática.
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Sin la apertura total de los cielos de Caracas, los decretos firmados corren el riesgo de convertirse en papel mojado mientras los infractores permanecen en suelo chileno. El Ejecutivo busca priorizar los casos de mayor peligrosidad, pero la burocracia internacional actúa como un freno de mano para la agenda de seguridad.
La estrategia ahora apunta a “sensibilizar” al Congreso para obtener facultades que agilicen estos retornos forzosos en el menor tiempo posible.
Por qué expulsar a un migrante cuesta millones al Fisco
Más allá de la voluntad política, el factor económico es la barrera más alta que debe sortear el Ministerio del Interior. Expulsar a una sola persona en un vuelo comercial tiene un costo aproximado de 3 millones de pesos para el Estado chileno.
Este monto incluye no solo el pasaje del expulsado, sino los viáticos y tickets de dos custodios de la PDI que deben acompañarlo por seguridad.
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La alternativa para abaratar costos es el uso de aviones de la FACH, lo que reduciría el gasto a 2 millones de pesos por persona. Sauerbaum advirtió que la Ley de Presupuesto vigente no contempla los fondos necesarios para ejecutar el volumen de salidas que el Gobierno pretende.
La administración de Kast deberá buscar recursos de emergencia para financiar un plan, que el erario aún no puede cubrir.





