La estrategia contra la delincuencia en Chile entra en una nueva fase tras reducción presupuestaria mayor. El Ministerio de Seguridad confirmó el impacto del recorte fiscal del 3% instruido por el Ejecutivo.
La cifra total del ajuste asciende a 72 mil millones de pesos, afectando programas emblemáticos y asignaciones de las policías.
Iniciativas clave como el plan “Calles sin Violencia” verán disminuidos sus recursos en medio de una alta demanda por orden público. Tras estas bajas presupuestarias, áreas de la vigilancia diaria se verán bajo la lupa.
El impacto en el Plan contra el Crimen Organizado y Barrios Prioritarios
El “Plan Nacional contra el Crimen Organizado” recibirá 583 millones de pesos menos para su ejecución durante el presente año. Por su parte, el programa “Calles sin Violencia” sufrirá una baja de 1.787 millones, asociada principalmente a convenios con las instituciones policiales.
El ajuste más significativo en programas sociales de seguridad recae en “Barrios Prioritarios”, que perderá 3.525 millones de pesos.
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Estos fondos estaban destinados originalmente a acuerdos de intervención cultural y social en las zonas de mayor riesgo social del país. Además, se ha reportado una reducción de 10 mil millones de pesos en ítems judiciales, lo que obliga a una reingeniería de procesos.
La ministra Trinidad Steinert explicó en el Congreso que estas medidas son parte de un esfuerzo transversal de todas las carteras de gobierno.
Carabineros y PDI enfrentan recortes millonarios en personal y servicios
Las policías no quedaron fuera de la reducción, enfrentando ajustes que suman más de 45 mil millones de pesos entre ambas instituciones. Carabineros de Chile tendrá una disminución de 11.000 millones en gastos de personal y 4.700 millones en bienes y servicios básicos.
En tanto, la Policía de Investigaciones registra la baja más alta, con un recorte total que supera los 29.900 millones de pesos.
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El subsecretario Andrés Jouannet aseguró que estos cambios fueron diseñados para no afectar las funciones más sensibles de la seguridad pública. Según la autoridad, los recortes apuntan a convenios específicos y reasignaciones internas que no deberían mermar la presencia en las calles.
Pese a estas garantías, la ciudadanía observa con cautela cómo se mantendrá la eficacia policial con una billetera fiscal más ajustada.
