La administración actual ha ingresado una indicación legislativa que promete transformar la interacción entre los servicios públicos y la población de inmigrantes irregulares. La propuesta busca perfeccionar el sistema de expulsiones mediante una red de información que involucra a instituciones clave de la vida cotidiana.
El subsecretario del Interior presentó esta iniciativa ante la comisión de Gobierno del Senado, estableciendo un mecanismo de reporte obligatorio para diversos organismos.
Bajo este nuevo esquema, tanto entidades estatales como privadas deberían entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones cuando detecten usuarios sin papeles. Esta estrategia se inserta en un plan más amplio que busca identificar a cerca de 300 mil personas que permanecen de forma ilegal en el territorio nacional.
La medida ha generado un intenso debate sobre el rol de las instituciones que prestan servicios básicos y su deber de colaboración con la autoridad migratoria.
Alcance de la medida en salud y educación
La indicación obliga a organismos de salud, tanto públicos como privados, a proporcionar datos de extranjeros sometidos a procedimientos en trámite. Esto incluye a Fonasa, Isapres, hospitales y consultorios, los cuales tendrían la responsabilidad de reportar información relevante para la fiscalización.
El ámbito educativo tampoco queda exento, pues el requerimiento se extiende a colegios y jardines infantiles que manejan datos de familias migrantes.
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Incluso las instituciones previsionales, como las AFP, estarían integradas en esta cadena de suministro de información confidencial. Entre los antecedentes que la autoridad podría solicitar figuran el domicilio, números de contacto y correos electrónicos de los extranjeros.
El Ejecutivo pretende aprovechar las instancias en que los migrantes acuden por beneficios sociales o atención médica para concretar los procesos de expulsión.
Argumentos de seguridad y protección de datos
Desde la oposición y sectores oficialistas, se defiende que esta herramienta permitirá acelerar procesos administrativos que hoy resultan ineficientes. El senador Andrés Longton sostuvo que la provisión de estos datos es valiosa para detectar situaciones laborales irregulares y fiscalizar a los empleadores.
Asimismo, se argumenta que conocer el impacto migratorio real en el sistema de salud es fundamental para la planificación de las políticas públicas.
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La normativa propuesta asegura que los datos entregados estarán sujetos a reserva y se utilizarán exclusivamente para fines de control migratorio. Se recalca que el uso de esta información deberá cumplir con los estándares vigentes de protección de datos personales en el país.
Sin embargo, críticos de la medida advierten que esto podría desincentivar el acceso a servicios esenciales por temor a la deportación. El Senado deberá ahora ponderar la eficacia de este sistema de reporte frente a los derechos fundamentales de las personas que habitan el país.
