La política migratoria nacional atraviesa un cambio de paradigma legislativo que busca endurecer las consecuencias para los inmigrantes que evaden los controles fronterizos establecidos. El Senado ha dado un paso crucial al aprobar en general el proyecto de ley que transforma el ingreso clandestino al territorio chileno en un delito penal.
Con una votación dividida de 24 votos a favor y 20 en contra, la iniciativa avanza en su tramitación tras años de intensos debates sobre la seguridad y el orden público.
Esta modificación legal pretende dotar al Estado de nuevas herramientas disuasivas ante la emergencia migratoria que ha afectado diversas zonas del país. Para el Ejecutivo, tipificar esta conducta permite prevenir la entrada descontrolada y enviar una señal clara sobre el respeto a las normas de soberanía nacional.
El debate se traslada ahora a la fase de indicaciones, donde se buscará perfeccionar el texto antes de su votación definitiva en los próximos meses.
Sanciones penales y multas económicas
El proyecto introduce cambios profundos en la Ley de Migración y Extranjería, estableciendo penas de presidio para quienes entren al país de forma irregular. La sanción base para el ingreso clandestino será de presidio menor en su grado mínimo, lo que equivale a un rango de entre 61 y 540 días de reclusión.
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Además de la privación de libertad, los infractores deberán enfrentar multas económicas que oscilan entre las 5 y las 10 Unidades Tributarias Mensuales.
En los casos donde el extranjero ya posea una prohibición vigente de ingreso, la severidad del castigo aumenta significativamente, pudiendo alcanzar los cinco años de cárcel. Esta estructura punitiva busca desincentivar el uso de pasos no habilitados y combatir la sensación de impunidad que, según los autores de la ley, impera en las fronteras.
Posturas encontradas sobre la efectividad del control
La aprobación no ha estado exenta de críticas por parte de sectores que cuestionan si la criminalización realmente facilitará la expulsión de los migrantes. Algunos parlamentarios advierten que transformar una infracción administrativa en delito podría ralentizar los procesos de salida del país al judicializar cada caso.
Argumentan que el sistema jurídico podría verse tensionado y que el Estado gastaría más recursos en mantener a las personas en prisión que en devolverlas a su origen.
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Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que la vía judicial es, en la práctica, mucho más rápida que los decretos administrativos que dependen de la voluntad política. Afirman que ingresar a Chile no puede tener un costo cero y que la legislación debe responder a la realidad de las redes de tráfico y documentación falsa.
El éxito de esta nueva normativa dependerá de la capacidad de coordinación entre el Ministerio Público y los organismos encargados de resguardar la seguridad fronteriza.
