Un esquema de proporciones sistémicas ha quedado al descubierto en el Juzgado de Garantía de Coquimbo. La justicia chilena ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva para un médico cirujano de nacionalidad ecuatoriana.
El imputado es sindicado como el mayor emisor de licencias médicas a nivel nacional, tras entregar más de 11 mil documentos bajo sospecha.
Lo que comenzó como una alerta administrativa se transformó en una investigación criminal por delitos reiterados de fraude de subvenciones. El magistrado Darío Díaz calificó los antecedentes como “contundentes”, señalando un modus operandi que desafía cualquier lógica clínica.
11.880 licencias emitidas por médico ecuatoriano
Entre enero de 2023 y junio de 2025, el facultativo construyó una verdadera fábrica de reposos médicos electrónicos sin sustento real. La investigación reveló que el médico emitió 36 licencias a 34 funcionarios públicos que, mientras supuestamente estaban enfermos, se encontraban fuera del país.
El juez resaltó que los horarios de emisión y el promedio mensual de atenciones diarias hacían físicamente imposible una evaluación médica seria.
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Este volumen de actividad no solo rompió récords estadísticos, sino que también activó las alarmas de riesgo de fuga del imputado. Las autoridades confirmaron que el médico pretendía abandonar Chile, lo que fue clave para determinar su ingreso inmediato a un recinto penal.
Se fijó un plazo de 120 días para que la fiscalía termine de desglosar la red de contactos que permitía este lucrativo negocio ilícito.
Más de $4.600 millones defraudados al sistema de salud
El daño económico provocado por estas maniobras fraudulentas ha sido calificado como histórico por las instituciones de previsión de salud. Se estima que los 10.741 pacientes atendidos generaron pagos de subsidios por incapacidad laboral improcedentes que superan los $4.639 millones.
Este dinero, destinado originalmente a trabajadores con enfermedades reales, terminó financiando un esquema de corrupción de gran escala.
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Desde el gobierno han señalado que este caso marca un punto de inflexión en la fiscalización de las licencias médicas electrónicas en el país. El gremio médico también ha repudiado el actuar del profesional, asegurando que estas prácticas enlodan el prestigio de la salud pública.
La justicia ahora busca determinar si hubo complicidad activa de los funcionarios públicos que utilizaron estos documentos para vacacionar.
