El control de los límites territoriales en el norte del país ha dado un giro estratégico. Este lunes, el Servicio Nacional de Migraciones reveló que 4.027 inmigrantes fueron reconducidos hacia Bolivia durante el último año.
La medida, operativa desde marzo de 2025, puso fin a años de negativas por parte del gobierno altiplánico para recibir a migrantes de terceros países.
El mecanismo permite que cualquier persona detectada ingresando por pasos no habilitados sea devuelta de inmediato al país de procedencia. Nuevas leyes buscan penalizar con cárcel el ingreso clandestino al país.
Inmigrantes de estos países encabezan las estadísticas de expulsión inmediata
El informe detallado consigna que el 44,9% de los reconducidos son ciudadanos venezolanos, seguidos de cerca por un 41,7% de bolivianos. Para destrabar este acuerdo, Chile debió ceder en materias de transporte, visas de trabajo expeditas y modificaciones al oleoducto boliviano.
Lo que comenzó como una “marcha blanca” de 10 personas diarias ha escalado a un volumen de 40 reconducciones por jornada o su equivalente semanal.
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La eficacia de esta herramienta ha impedido que más de 20.000 personas ingresen de forma irregular al territorio desde el año 2022. Un cambio clave en 2024 permitió ampliar el área de acción de la policía: ahora la reconducción se aplica hasta 10 kilómetros tierra adentro.
Esta extensión geográfica ha sido fundamental para capturar a quienes logran sortear la primera línea de vigilancia en la frontera misma.
El gobierno de Kast impulsa la penalización del ingreso clandestino
Pese a los resultados positivos, el actual gobierno de José Antonio Kast busca endurecer las consecuencias para quienes evaden el control fronterizo. La nueva urgencia legislativa pretende tipificar el ingreso irregular como un delito que podría acarrear penas de hasta 540 días de cárcel.
Expertos y exautoridades advierten que esta judicialización masiva podría generar una incertidumbre jurídica para las Fuerzas Armadas y policías.
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Si el ingreso se convierte en un proceso penal obligatorio, el volumen de reconducciones inmediatas podría disminuir ante la necesidad de juicios. El desafío para el Ejecutivo es equilibrar la sanción penal con la agilidad necesaria para mantener la frontera despejada y segura.
Mientras el debate avanza en el Congreso, el paso de Colchane sigue siendo el epicentro de una crisis migratoria que Chile intenta contener con firmeza.
