Las calles de Chile han sido testigos del último despliegue policial. Tras ello, el Comité de Seguridad reveló cifras contundentes. Entre el 12 y el 14 de marzo, las fuerzas de orden lograron la detención de 2.905 personas que eludían la acción de la justicia en todo el país.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, calificó la operación conjunta entre Carabineros y la PDI como un “éxito rotundo” y un golpe directo al crimen.
Homicidas, secuestradores y abusadores sexuales figuran en la lista de capturados, terminando con meses e incluso años de evasión legal.
El perfil de los 3.000 detenidos y el arsenal incautado por las policías
El balance detallado por las autoridades muestra que la gran mayoría de los detenidos son hombres, sumando 2.411 frente a 494 mujeres. En el mapa delictivo, destacan 8 capturas por homicidio, 174 por robos con intimidación y 66 por diversos delitos sexuales de alta gravedad.
Carabineros de Chile aportó con 1.328 arrestos, concentrando su efectividad en regiones, donde se concretó el 82% de sus procedimientos.
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Por su parte, la Policía de Investigaciones (PDI) logró 1.577 detenciones, incluyendo a dos sujetos buscados por el delito de secuestro. Además de las capturas, se logró sacar de circulación más de una tonelada de droga, incluyendo marihuana, ketamina y clorhidrato de cocaína.
El operativo también permitió la recuperación de 24 vehículos y la incautación de 13 armas de fuego que estaban en manos de antisociales.
El plan para sumar a la Policía Marítima a los operativos
La ministra Steinert fue enfática al asegurar que este tipo de intervenciones masivas no serán hechos aislados, sino una política permanente de Estado. El Gobierno anunció que la estrategia se intensificará mediante la incorporación de más instituciones, como la Policía Marítima y otros actores fiscales.
“No vamos a parar hasta que los autores de delitos enfrenten a la justicia”, sentenció la titular de Seguridad ante la prensa en el norte del país.
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El General Director de Carabineros y el Director de la PDI fueron pieza clave en la coordinación técnica que permitió este impacto a nivel nacional. La señal política es clara: el Ejecutivo busca devolver la sensación de seguridad a la ciudadanía mediante la presencia activa en el territorio.
Con este primer hito, la administración de Kast apuesta por reducir drásticamente el número de órdenes de detención pendientes en el sistema judicial.
