El Ejecutivo ha ingresado a trámite legislativo una nueva propuesta para actualizar las remuneraciones básicas, buscando mitigar el impacto de la inflación en el presupuesto de los hogares chilenos. La iniciativa, que cuenta con suma urgencia, propone el aumento del salario mínimo desde los 539.000 actuales a un nuevo monto de 546.546 pesos.
Este ajuste de 7.546 pesos representa un alza del 1,4%, cifra que equivale exactamente a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor entre enero y marzo de este año.
El mensaje presidencial subraya que la medida es vital para mantener el poder adquisitivo frente a un costo de la vida que sigue presionando las finanzas familiares. De ser aprobada, la ley tendrá un efecto retroactivo, comenzando su vigencia a partir del 1 de mayo de 2026 para todos los trabajadores dependientes del país.
El texto también proyecta un segundo reajuste automático para enero de 2027, el cual se calculará sobre la base de la inflación que se registre durante el segundo semestre de este ciclo.
Desafíos del empleo y costos laborales
El proyecto se presenta en un contexto laboral complejo, donde la tasa de desocupación se ha mantenido por encima del 8% durante más de tres años consecutivos. Las autoridades advierten sobre la fragilidad del mercado formal, destacando que la creación de nuevos puestos de trabajo se ha concentrado mayoritariamente en la informalidad.
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Según el mensaje del Ejecutivo, el aumento de los costos derivados de la reducción de la jornada laboral y la reforma de pensiones afecta con especial fuerza a las empresas de menor tamaño.
Dado que más del 70% de quienes perciben el sueldo mínimo trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, el reajuste busca ser moderado para no incentivar la destrucción de empleo formal. El informe financiero estima que esta política tendrá un impacto en el gasto fiscal de 12.411 millones de pesos solo durante el presente año presupuestario.
Tramos de asignación y montos diferenciados
La propuesta no solo modifica el salario base, sino que también actualiza los valores de las asignaciones familiares y maternales según los niveles de renta. Para los beneficiarios con menores ingresos (hasta 628.935 pesos), la asignación por carga se fijará en 22.315 pesos mensuales.
En el tramo intermedio, que llega hasta los 918.624 pesos, el monto será de 13.694 pesos, mientras que el tramo superior recibirá 4.327 pesos por cada carga familiar.
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Asimismo, el ingreso mínimo para menores de 18 años y mayores de 65 años se elevará a 407.711 pesos, manteniendo una estructura de pagos diferenciada por edad. El financiamiento de estas medidas se realizará inicialmente con cargo al Tesoro Público, asegurando la continuidad de los programas de protección social vigentes.
Finalmente, el Gobierno se compromete a enviar un nuevo proyecto de ley en junio de 2027 para definir la trayectoria de los salarios durante el próximo periodo anual.
