La regulación más esperada y temida por el ecosistema de transportes en Chile acaba de entrar en un nuevo estado de hibernación este lunes 9 de marzo de 2026. En uno de sus últimos actos oficiales, el ministro Juan Carlos Muñoz confirmó que la publicación del reglamento que rige a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) ha sido postergada.
Aunque la Contraloría General de la República ya había tomado razón del texto durante 2025, el Ejecutivo decidió no apretar el botón de inicio.
Esta medida significa que la implementación final de la normativa quedará en manos de las autoridades que asumirán el mando del país en las próximas horas. La decisión llega tras años de debate parlamentario y una intensa presión por parte de gremios de conductores y las propias plataformas tecnológicas.
Existen motivos técnicos de esta pausa, que deja a miles de conductores que dependen de estas aplicaciones para subsistir, en incertidumbre.
Las plataformas que serán fiscalizadas por Kast en Chile
El Ministerio de Transportes justificó la postergación argumentando que busca entregar “mayor certeza” a pasajeros, conductores y a las mismas empresas operadoras. Uno de los nudos críticos es el desarrollo del registro nacional de conductores, una herramienta tecnológica esencial para que la ley sea físicamente aplicable.
Actualmente, de las dos plataformas necesarias para fiscalizar la normativa, una ya está finalizada, pero la otra sigue en fase de desarrollo técnico.
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Recientemente se adjudicó la creación de este registro a una consultora de software, con un plazo de ejecución que podría extenderse por 18 meses adicionales. Publicar el reglamento ahora, sin tener donde inscribir formalmente a los conductores, habría generado un vacío legal y operativo de proporciones mayores.
Esta “posta” ministerial permitirá que el próximo equipo de gobierno realice las modificaciones que considere pertinentes antes de la entrada en vigencia definitiva.
La advertencia de las aplicaciones sobre el futuro del servicio
Desde Uber Chile calificaron como una decisión responsable el no apresurar un proceso que técnicamente se considera inviable sin las herramientas listas.
La empresa ha advertido que una implementación forzada pondría en riesgo los ingresos de más de 250 mil conductores en todo el territorio nacional. Según cálculos de la industria, el impacto de una mala ejecución regulatoria podría afectar hasta en un 1,8% el nivel de empleo total del país.
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La Ley Uber, aprobada en 2023, busca igualar la cancha con el gremio de taxistas, exigiendo requisitos de seguridad, licencias profesionales y límites de antigüedad vehicular.
Sin embargo, la complejidad técnica de catastrar a miles de prestadores de servicios ha sido la gran “piedra en el zapato” para la cartera de Transportes. Por ahora, los usuarios y conductores seguirán operando bajo el esquema actual, a la espera de las definiciones que tome la administración entrante.
