El sector de las comunicaciones ha manifestado su rotundo rechazo a un artículo específico de la nueva megarreforma que permitiría el uso de la IA en contenidos sin remunerar a sus autores. Representantes de la prensa escrita, la radio y la televisión se reunieron con el Presidente Kast para expresar el peligro que esta norma representa para la sostenibilidad de los medios.
La propuesta, inserta en el Plan de Reconstrucción Nacional, autoriza a los sistemas de aprendizaje automático a emplear obras publicadas sin necesidad de permisos previos ni pagos asociados. Esta medida ha puesto en alerta a gremios como Anatel y la Archi, quienes consideran que la legislación se estaría alejando de los estándares de los países desarrollados.
A pesar de la inquietud, el Ejecutivo ha dado señales de apertura al diálogo, asegurando que se buscarán mecanismos para no perjudicar la labor informativa y creativa del país.
El impacto en el ecosistema de medios multiplataforma
La industria sostiene que en la actualidad los medios operan de manera integrada, donde el texto, el audio y el video son vulnerables a ser absorbidos por algoritmos de minería de datos. La falta de una compensación justa afectaría directamente el financiamiento de los portales de noticias y las radios regionales, que ya enfrentan desafíos económicos importantes.
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Para los directivos del sector, la protección de los derechos de autor es una pieza fundamental para garantizar la existencia de una democracia sana y una prensa independiente.
La preocupación se extiende también a la posición dominante que tienen las grandes plataformas tecnológicas en el mercado de la publicidad digital frente a los medios locales. El compromiso del gobierno de revisar el texto original ha devuelto una cuota de confianza a los profesionales que dependen de la creación de contenidos originales para subsistir.
Hacia un sistema de compensación monetaria
Desde el Ministerio de Hacienda se ha defendido la necesidad de regular una realidad técnica que ya ocurre a nivel global mediante la minería de datos a gran escala. Las autoridades argumentan que el uso de estos datos es inevitable, pero que la clave reside en establecer un marco legal que impida la explotación gratuita dentro del territorio nacional.
Para destrabar el conflicto, el Ejecutivo evalúa ingresar una indicación que establezca una compensación económica directa para los creadores de contenido.
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Esta modificación transformaría el escenario actual, donde la información se utiliza de facto, en un sistema de beneficios netos para quienes generan la materia prima intelectual. La resolución de este artículo será determinante para definir si Chile se posiciona como un centro de innovación tecnológica o como un protector de los derechos de sus trabajadores culturales.
El diálogo continuará entre los subsecretarios y los gremios para asegurar que el avance de la inteligencia artificial no signifique el desmantelamiento de la industria de las comunicaciones.
