La regularización de las apuestas digitales ha cobrado un nuevo impulso, tras la suma urgencia al proyecto de ley. La iniciativa del nuevo impuesto, que ya se encuentra en su segundo trámite constitucional, pretende sacar de la sombra un mercado que actualmente opera sin un marco legal claro ni obligaciones tributarias específicas.
El objetivo central de la propuesta es doble: garantizar que solo mayores de edad con Rol Único Nacional participen en estas plataformas y asegurar una recaudación fiscal.
Según estimaciones parlamentarias, la formalización de esta actividad permitiría al fisco recaudar unos $200 mil millones anuales, transformando un sector cuestionado en una fuente estable de ingresos públicos. Esto responde también a la preocupación por el origen de los capitales que financian a diversos clubes de fútbol, cuyos contratos de patrocinio han estado bajo la lupa.
Establecer reglas claras permitiría no solo identificar a los beneficiarios finales de estas empresas, sino también dotar al sistema de herramientas para prevenir el lavado de activos y el juego problemático.
Estructura impositiva y licencias de operación
El proyecto de ley propone un esquema de gravámenes que busca equiparar la carga tributaria de las plataformas digitales con la de los casinos de juego tradicionales ya establecidos. Se plantea un impuesto específico del 20% sobre los ingresos brutos, el cual funcionaría como sustitutivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las operadoras.
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Las empresas deberán obtener licencias generales de cinco años por un costo de 1.000 UTM, o licencias especiales de 60 días valoradas en 100 UTM para eventos específicos.
Por su parte, los usuarios no estarán exentos de obligaciones, ya que se establece un impuesto del 15% sobre los premios obtenidos, una vez descontada la apuesta inicial. Este diseño tributario ha generado propuestas alternativas, como destinar parte de la recaudación directamente al fondo común municipal para compensar otras exenciones a los adultos mayores.
El desafío de la fiscalización y los fallos judiciales
La urgencia del Gobierno es respaldada por las propias plataformas internacionales, que ven en la regulación una oportunidad para ordenar una actividad que ya cuenta con millones de usuarios. No obstante, el camino hacia la legalidad plena enfrenta la resistencia de organismos estatales como Polla Chilena, que ha interpuesto acciones criminales por asociación ilícita y lavado de activos.
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La justicia ha calificado previamente estas operaciones como ilegales, ordenando bloqueos de sitios web que, según la Subtel, resultan fáciles de vulnerar mediante el cambio de dominios.
La falta de una normativa moderna ha permitido que las apuestas online proliferen en horarios de protección al menor y sin mecanismos robustos de control de identidad. Con la suma urgencia, el Congreso busca cerrar estas brechas, alineando a Chile con los estándares de la OCDE, donde la mayoría de los países ya cuentan con leyes que regulan y tributan el juego digital.
