El Palacio de La Moneda ha amanecido con una actividad administrativa frenética este jueves 12 de marzo. Tras sus primeras horas en el cargo, el Presidente José Antonio Kast ha firmado un instructivo decisivo para la economía nacional.
La medida busca poner fin al estancamiento de 51 proyectos de inversión que permanecen atrapados en el sistema público.
Se trata de una cifra impactante que asciende a los US$16.000 millones, bloqueados por retrasos administrativos fuera de plazo legal. El Mandatario busca dar una señal clara de eficiencia y celeridad para lo que ha denominado su “Gobierno de emergencia”.
Con esta firma, se inicia una carrera contra el reloj para las reparticiones ambientales que han dilatado estas resoluciones por años.
El plan para desbloquear inversión estancada
El nuevo instructivo establece plazos fatales para resolver los recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
A partir de ahora, los recursos vencidos deberán despacharse en un máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio. Existen 20 reclamaciones ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que representan US$6.500 millones.
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Por otro lado, el Comité de Ministros tiene en sus manos 22 Estudios de Impacto Ambiental vinculados a US$9.800 millones adicionales.
El documento fija 30 días hábiles para trámites en la Dirección del SEA y 60 días para aquellos que dependan del Comité de Ministros. La orden presidencial es tajante: ningún proyecto con aprobación ambiental debe seguir frenado por la inacción del Estado.
El despliegue de las primeras seis medidas presidenciales
Este decreto no llega solo, sino que forma parte de una batería de seis medidas urgentes tomadas en el primer día de gestión.
Kast también ha oficializado la “Auditoría Total al Estado”, que busca revisar minuciosamente el uso de recursos durante el gobierno anterior. En materia de seguridad, se activó el “Plan Escudo Fronterizo” bajo el liderazgo del Ejército para retomar el control de los límites nacionales.
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Asimismo, se nombró a un comisionado especial para la Macrozona Norte, encargado de ejecutar la nueva Política Nacional de Cierre Fronterizo.
En el área social, el Ministerio de Vivienda asumirá la ejecución directa de la reconstrucción en Valparaíso, Ñuble y Biobío. Con este despliegue, la administración entrante intenta demostrar un cambio de ritmo inmediato en la gestión de las crisis que afectan al país.
