El panorama económico nacional enfrenta una nueva presión que amenaza con desestabilizar el presupuesto de miles de hogares en todo el territorio. Un reciente informe del departamento de estudios de Scotiabank ha encendido las alarmas al proyectar un incremento histórico en el valor de los combustibles.
Este ajuste al alza se perfila como uno de los más agresivos de los últimos años, impactando directamente en la cadena de suministros y el transporte.
La variación de precios entraría en vigencia durante la próxima semana, alterando las proyecciones de inflación para el presente mes. Sin una intervención directa de las autoridades, el costo de la movilidad experimentará un salto significativo en las estaciones de servicio.
Magnitud del incremento y variables externas
Las estimaciones de los expertos financieros sitúan el alza de las gasolinas en torno a los $85 por litro a partir del jueves 16 de abril. El petróleo diésel no quedará exento de esta tendencia, con un aumento proyectado que alcanzaría los $75 por unidad de medida.
Este escenario responde a una combinación crítica de factores macroeconómicos que encarecen la importación de energía hacia el mercado local.
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Por un lado, el valor del crudo a nivel internacional se ha mantenido en niveles elevados, rozando los USD 110 por barril en las últimas jornadas. A esto se suma el fortalecimiento del dólar en Chile, el cual se cotiza cerca de los $925, presionando al alza el costo de internación.
La confluencia de estas variables genera una tormenta perfecta que el sistema actual de estabilización no logra absorber de manera autónoma. Bajo las reglas vigentes, el mecanismo de precios se ve sobrepasado por la magnitud de la volatilidad observada en los mercados externos.
Alternativas de mitigación y rol estatal
El informe advierte que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles requiere de acciones adicionales para frenar este impacto. Existen diversas vías que el Ejecutivo podría considerar para paliar el golpe financiero que sufrirán los consumidores finales.
Una de las opciones planteadas consiste en realizar una inyección directa de recursos a la Empresa Nacional del Petróleo para contener valores mayoristas.
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Otra alternativa histórica sería la reducción transitoria del Impuesto Específico a los Combustibles, emulando medidas aplicadas en crisis anteriores. Finalmente, una reforma legal al funcionamiento del MEPCO permitiría dotar al instrumento de la flexibilidad necesaria para enfrentar alzas de esta cuantía.
De no concretarse alguna de estas intervenciones, el incremento se verá reflejado de forma íntegra en los surtidores de todo el país.
El sector transporte y los usuarios particulares aguardan definiciones oficiales ante lo que se considera un golpe severo al costo de la vida. La próxima semana será clave para determinar si el Estado utilizará sus herramientas de contención o si el mercado dictará el nuevo precio de venta.
